AGRONOTAS, JUDICIALES

La Fiscalía presentó como eje de su estrategia audios, necropsias y registros que buscan probar un móvil económico ligado al hurto de 700 reses.

La defensa, por su parte, alega coacción por parte de bandas criminales.

El juicio, aplazado en varias ocasiones, definirá su rumbo el próximo 6 de febrero.

Valledupar, 12 de diciembre de 2025.- Tras varios retrasos y la controversia que generó la libertad provisional de los procesados, el caso por la masacre del ganadero Esteban Urueta González y dos de sus trabajadores: Fredys Manuel Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado, comienza a perfilarse para la etapa de juicio oral. El crimen, ocurrido en zona rural del municipio de Chimá (Córdoba) ha sido uno de los casos más sensibles para el gremio ganadero del Caribe.

El pasado 11 de diciembre se reanudó la audiencia preparatoria contra Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, quienes habían sido capturados por su presunta participación en los hechos, pero recuperaron la libertad por vencimiento de términos. Su recaptura ocurrió meses después, luego de que la Policía y el Gaula recuperaran más de 170 reses hurtadas y marcadas con el hierro de la finca “La Draga”, propiedad de Urueta. Con ello, el proceso cobró nuevo impulso.

Durante la diligencia más reciente, el representante de la Fiscalía anunció un bloque probatorio centrado en audios entre una de las víctimas y su esposa, informes de necropsia, el estudio topográfico de la zona del crimen, registros telefónicos de las víctimas y actas de levantamiento judicial. El objetivo, según el ente investigador, es establecer no solo la mecánica del triple homicidio, sino su presunto vínculo con una operación criminal de abigeato a gran escala: el robo de hasta 700 cabezas de ganado, valoradas en miles de millones de pesos.

En ese sentido, explican los delegados de la Fiscalía, el crimen habría sido ejecutado con sevicia, pues, las víctimas fueron halladas sin vida en circunstancias que indican tortura o ejecución. Sostienen siguiendo esa línea, que además del homicidio agravado, existió ocultamiento de pruebas, destrucción de evidencias y manipulación del lugar de los hechos.

La defensa, encabezada por el abogado Lesmer Quintero Argel, asegura que sus representados habrían sido víctimas de amenazas. Como elemento central presentará una grabación donde supuestos miembros del Clan del Golfo habrían presionado a Petro Almanza para asumir el crimen, también incluirá testimonios de familiares, el comandante del Gaula y planos de georreferenciación.

Ambas visiones del mismo hecho; que ha enfrentado tropiezos como vencimientos de términos, aplazamientos por falta de notificaciones y más; se confrontarán a partir del próximo 6 de febrero, día en el que se retomará la audiencia para definir estipulaciones probatorias y agendar el inicio formal del juicio oral.