

La investigación tuvo origen en la queja disciplinaria instaurada en 2016 por el presidente de la corporación en ese entonces, José Alfredo Alcocer Cárcamo, quien señaló a Vargas de maltrato verbal y de proferir en su contra frases calumniosas, durante las sesiones realizadas el 8 de febrero y el 28 de septiembre de 2016.
Al proferir la decisión en la que halló responsable en primera instancia a Vargas Jiménez, el Ministerio Público indicó que su conducta implicó una falta de respeto para con uno de los integrantes de la mesa directiva de la corporación y su forma de actuar desbordó los límites del buen trato exigible a los servidores públicos, en especial a quienes son elegidos por voto popular. En consecuencia la falta fue calificada como grave a título de dolo.
El fallo de la Procuraduría fue apelado por el abogado defensor del concejal sancionado.