COLUMNISTAS

Nota del autor: Lo que a continuación escribiré, lo hare con dolor de patria, como testigo ocular de lo que ocurrió en aquellos dias, 6 y 7 de noviembre de 1985, como Representante a la Cámara por el departamento del Huila.

Cuarenta años después del genocidio provocado por el grupo narcoterrorista del M-19, el pais no puede permitir que se tergiverse la historia ni se mancille el honor de quienes, en los dias mas oscuros de la república, defendieron y recuperaron con valor la Constitución, la Justicia y la Democracia.

El 6 de noviembre de 1985, Colombia fue brutalmente atacada por el grupo narcoterrorista que, bajo el remoquete del M-19 y con el evidente apoyo del narcotráfico, irrumpió a sangre y fuego en el Palacio de Justicia. Magistrados, empleados judiciales, visitantes y ciudadanos inocentes fueron tomados como rehenes por quienes pretendían, mediante la violencia, sustituir el Estado de Derecho por la tiranía de las armas.

Que la comunidad no se equivoque: aquella incursión fue un acto de Guerra contra la Republica. Y frente a ese ataque, las Fuerzas Armadas de Colombia actuaron, no por voluntad política ni por interés propio, sino en cumplimiento del mandato constitucional de defender la soberanía, recuperar el orden y proteger la vida de los colombianos. No fue una “retoma”, fue una recuperación de la institucionalidad. Los soldados, policías y oficiales que ingresaron al Palacio no lo hicieron como agresores, sino como defensores de la Nación, a riesgo de sus vidas a impedir que el terrorismo se apoderara del pais. Hoy, algunos ignorantes de la historia pretenden reescribirla, presentando a los responsables narcoterroristas del genocidio como victimas y a los defensores del orden como culpables, desconociendo la verdad.

La tragedia del Palacio de Justicia no fue producto de la Fuerza Pública: fue consecuencia directa de una acción criminal ejecutada por un grupo narcoguerrillero que opero a ordenes del jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria.

Las Fuerzas Armadas, con sacrificio y disciplina, enfrentaron ese horror para devolverle al pais su institucionalidad. Cada soldado y cada policía que participo en esa operación lo hizo bajo las ordenes legitimas del Estado y amparado por la Constitución, en defensa del derecho y la libertada de todos.

Por eso, hoy cuarenta años después, quienes creemos en la verdad, en la justicia y en la historia real, elevamos nuestra voz para reivindicar la honra de las Fuerzas Armadas de Colombia, su papel fue, es y seguirá siendo fundamental para la preservación de la paz y la soberanía nacional. El pais les debe gratitud a sus soldados y policías, porque sin su valiente acción, aquellos dias, Colombia habría caído en el caos.