COLUMNISTAS

El sinuoso y fouchesiano (Joseph Foeche: sagas conspirador político durante la revolución francesa), ministro de justicia, Eduardo Montealegre anuncio sobre la intención de presentar un proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, lo que ha generado un rechazo general en amplios sectores del pais.
Desde todo punto de vista, la iniciativa es improcedente y carente de legitimidad. El gobierno decadente de Gustavo Petro no cuenta con la fuerza política ni las mayorías parlamentarias necesarias para garantizar su aprobación. El pais no ha expresado un clamor constituyente, ni existen crisis institucionales que justifiquen una “refundación del Estado”. Solo en la mente delirante del balbuceante presidente aparece esa figura.

Lo que se percibe en realidad, detrás de la propuesta oficial es un interés político destinado a polarizar aun mas a los colombianos, victimizar al ejecutivo y desacreditar a la oposición y a los otros poderes del Estado.

El intento de promover una constituyente, en vísperas de un año electoral, es una maniobra para distraer y engañar a pueblo, para tapar el descontento nacional frente al deterior de la seguridad, la economía y la corrupción del gobierno.

En vez de gobernar, Gustavo Petro que se cree inteligente, esta decidido a reabrir el debate constitucional como una cortina de humo y convertir el fracaso de su gobierno en bandera de victimización ante la opinión pública.

Debo decir, con toda claridad: la Constitución de 1991 no necesita ser reemplazada, ¡necesita ser cumplida! La separación de poderes, el respeto por la ley, la libertad individual, la descentralización y la participación ciudadana, siguen siendo los pilares que han sostenido a Colombia frente a décadas de desafíos institucionales.
Sin embargo, es el momento de mantener la calma. No hay posibilidad jurídica ni política real de que prospere una iniciativa de esa naturaleza que pretenda imponer el gobierno.

Es bueno advertir con firmeza que cualquier alteración del orden público, desmán o provocación derivada de esa iniciativa será responsabilidad exclusiva del presidente Gustavo Petro. De la misma manera, las fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben recordar que su obligación suprema es con la Constitución y las leyes de la República, no con coyunturas políticas ni con el poder de turno

Podemos estar tranquilos: las instituciones democráticas continúan siendo el escudo frente a cualquier aventura autoritaria. Pero también debemos estar alertas para defender con convicción la Constitución y la libertad de Colombia.