GOBIERNO, JUSTICIA

La decisión responde a una tutela que denunció la vulneración de los derechos de las mujeres y la promoción de estereotipos de género. El mandatario deberá disculparse en una nueva sesión transmitida oficialmente y asistir a una jornada de sensibilización sobre igualdad e inclusión.

Valledupar, 17 de octubre de 2025.- Un juez de la capital ordenó al presidente Gustavo Petro ofrecer disculpas públicas por unas declaraciones emitidas el pasado 15 de septiembre, durante un Consejo de Ministros, en las que utilizó expresiones que fueron calificadas como sexistas y degradantes hacia las mujeres.

La decisión judicial responde a una acción de tutela presentada por Tatiana Echavarría Arango, quien argumentó que las palabras del mandatario vulneraron derechos fundamentales como la igualdad, la dignidad humana y la no discriminación. Según la demandante, las frases pronunciadas por el jefe de Estado promovieron estereotipos de género y cosificaron a las mujeres.

En el fallo, el juez Milton Jojani Miranda Medina determinó que el lenguaje empleado por el presidente constituye una forma de “violencia simbólica”, al reproducir visiones patriarcales que afectan la integridad moral y el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres colombianas.

El tribunal ordenó que Petro deberá retractarse públicamente en una nueva sesión del Consejo de Ministros, transmitida por los mismos medios oficiales que difundieron las declaraciones originales. Además, deberá presentar disculpas a Echavarría y a las mujeres del país.

El fallo también exige que el mandatario participe, en un plazo máximo de 30 días, en una jornada de sensibilización sobre género e inclusión, organizada por la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría General de la Nación. La medida busca fortalecer el respeto a los derechos de las mujeres en el discurso público.

La demandante sostuvo que los comentarios del presidente no solo atentaron contra la dignidad femenina, sino que también tuvieron un impacto negativo en la formación de menores de edad que presenciaron o conocieron sus palabras. “Cuando un líder político usa expresiones que sexualizan o ridiculizan a las mujeres, envía un mensaje perjudicial sobre el valor que la sociedad les otorga”, argumentó Echavarría en su tutela.

El despacho judicial remitió el caso a la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme a los procedimientos establecidos en el Decreto 2591 de 1991.