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Durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, el representante de Estados Unidos acusó al Gobierno colombiano de “polarizar” y debilitar los avances hacia la paz, mientras el jefe de la Misión de Verificación pidió reforzar la seguridad y garantizar recursos para cumplir los compromisos del Acuerdo Final.

Valledupar, 4 de octubre de 2025.- La presentación del más reciente informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU sobre Colombia estuvo marcada por duros señalamientos y llamados de atención.

Desde Nueva York, el embajador de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad acusó al Gobierno del presidente Gustavo Petro de generar división política y de “socavar los avances” alcanzados en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

El diplomático cuestionó de manera directa las políticas de seguridad, a las que calificó como “irresponsables” por la falta de planificación, presupuesto y coordinación.

Según advirtió, esas deficiencias estarían contribuyendo al aumento de la violencia en distintas regiones. También criticó la “retórica incendiaria” del mandatario colombiano, al recordar sus declaraciones recientes en las que instó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes relacionadas con el conflicto en Gaza.

Otro de los puntos de fricción fue la labor de la Misión de Verificación de la ONU. El embajador estadounidense señaló que su mandato se habría “politizado” y se apartó de la función original de supervisar la dejación de armas de las antiguas FARC. Washington anunció que evaluará si es conveniente mantener el alcance actual de esa misión.

En contraste, Miroslav Jenča, nuevo jefe de la Misión de Verificación, destacó los avances registrados en temas como la reincorporación de excombatientes, la reforma rural y las recientes sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, que calificó como un “hito histórico” en justicia transicional.

No obstante, advirtió que persisten graves amenazas de seguridad que ponen en riesgo la vida de excombatientes, líderes sociales y candidatos en el marco electoral.

Jenča pidió al Gobierno y al Congreso asegurar recursos suficientes para ejecutar las sanciones restaurativas de la JEP y ampliar la cobertura de programas de paz en las regiones más golpeadas por la violencia.

También subrayó que más de 11.000 excombatientes siguen comprometidos con su reintegración, pese a la vulnerabilidad en la que se encuentran.

Ambos discursos coincidieron en un punto: el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido recientemente, refleja la urgencia de proteger a líderes políticos y sociales. Mientras Estados Unidos cuestionó la estrategia de “paz total” y pidió acciones más contundentes contra grupos armados, la ONU insistió en que el Acuerdo de 2016 sigue siendo la hoja de ruta para construir una paz duradera en Colombia.