COLUMNISTAS

La democracia colombiana se tambalea cada vez que el poder se ejerce no para gobernar, sino para amedrentar. El reciente episodio protagonizado por senadores afectos al gobierno del presidente Gustavo Petro, quienes orquestaron un mitin frente a la residencia de la senadora Nadia Blel, integrante de la Comisión Séptima del Senado, ha dejado al descubierto el talante autoritario que se esconde tras la retórica progresista del régimen.

Lo que parecía ser una discrepancia legislativa terminó convirtiéndose en un acto de presión política rayano en el terrorismo. La senadora Blel y otros congresistas fueron objeto de hostigamiento tras expresar su negativa a respaldar una de las tantas reformas que el presidente ha pretendido imponer sin consensos. No se trató de una simple protesta ciudadana: fue una manifestación liderada por funcionarios públicos, investidos de poder, y acompañada por seguidores radicalizados que llevaron la confrontación hasta la puerta de su casa. Eso no es democracia. Eso es intimidación.

La escena, digna de regímenes populistas donde la oposición debe pagar caro su resistencia, genera una profunda preocupación. No solo por la exposición de una servidora pública y su familia a la violencia, sino por el precedente que sienta: si no se piensa como el presidente, se corre el riesgo de ser señalado, perseguido y amenazado. ¿Dónde queda entonces el Estado de Derecho? ¿Dónde la institucionalidad?

Desde el discurso incendiario del mandatario hasta el silencio cómplice de sus funcionarios, todo apunta a una estrategia peligrosa: convertir la presión social en herramienta de gobierno. Lo más alarmante es que este tipo de acciones no son casos aislados. Se multiplican los mensajes en redes sociales de simpatizantes del oficialismo incitando al linchamiento virtual de quienes no se alinean con la “paz total” o con las reformas ideologizadas que tanto le urgen al Ejecutivo para consolidar su modelo.

No se puede seguir permitiendo que desde el poder se instigue al odio y se alimenten delirios de persecución. Las amenazas a los congresistas que ejercen su función de control político y su voto libre son amenazas a todos los colombianos. Porque si callan a los que tienen voz en el Congreso, ¿qué queda para el ciudadano común?

La verdadera amenaza a la democracia no viene de la oposición, como insiste en decir el presidente con su narrativa de “golpes blandos”. Viene del irrespeto a las reglas, de la exaltación del odio y de la presión ilegítima a las instituciones. El mitin frente a la casa de la senadora Blel no es un hecho menor. Es una alerta roja que debería escandalizar a cualquier demócrata, sea del partido que sea.