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Cuarenta años después del sangriento asalto contra el Palacio de Justicia de Bogotá, en 1985, por la organización terrorista M-19, la verdad sobre la inocencia del coronel Alfonso Plazas Vega, pronunciada por la Corte Suprema de Justicia el 16 de diciembre de 2015, se impuso una vez más. El mito de los “desaparecidos” que fabricó el terrorismo castrista en Colombia para vengarse, mediante procesos trucados, de los héroes militares y policías que rescataron a los rehenes y derrotaron a los agresores, e impidieron que el M-19 realizara el golpe de Estado previsto por ellos contra la presidencia de Belisario Betancur, se desmorona una vez más.

No obstante, el coronel Plazas Vega pasó 8 años injustamente detenido pues la fiscal en ese entonces Angela María Buitrago, hoy ministra de Justicia del gobierno de Gustavo Petro, lo acusaba sin pruebas de haber “desaparecido” a Irma Franco, una guerrillera que participó en el asalto al palacio de Justicia. El coronel Plazas, director del arma de caballería del Cantón Norte de Bogotá, siempre negó tales acusaciones y explicó que nada tuvo que ver con las personas rescatadas del Palacio de Justicia una vez fueron entregadas a un servicio de inteligencia militar, unidad a la que él jamás perteneció. Su misión en la batalla del Palacio de Justicia fue, exclusivamente, la de combatir al grupo criminal y liberar a los rehenes. Los terroristas asesinaron a buen número de magistrados y otras personas presentes en ese edificio, e incendiaron los archivos judiciales, por orden del jefe narcotraficante Pablo Escobar.

Desde el comienzo, las sospechas sobre la muerte de Irma Franco apuntaron hacia dos organismos de inteligencia militar, que no estaban bajo el mando de la Escuela de Caballería ni recibieron jamás órdenes del coronel Plazas. La Corte Suprema de Justicia, en su decisión de casación de 357 páginas, dice que en la conducta del acusado Plazas Vega no hay hechos ni indicios de que él haya tenido que ver con el caso de Irma Franco. Dicha sentencia parece confirmada paradoxalmente con el hallazgo de unos restos incompletos de un cuerpo que podrían ser el de Irma Franco.

En efecto, una excavación realizada el 3 de febrero de 2025, en la Escuela de Logística del Ejército Nacional, ubicada en Usme, al sur de Bogotá, habría encontrado restos humanos incompletos. Blu Radio afirmó, este 9 de abril, que éstos podrían ser de la exguerrillera Franco. Hasta el momento esa alegación no ha sido probada. Medicina Legal examina esos restos y no ha certificado la identidad de los mismos.

Además, esa excavación no habría sido realizada bajo la vigilancia de las autoridades. Según el diario El Heraldo, esa operación “habría sido realizada por orden de un sargento, Ronald Durán Páez, quien supuestamente instruyó a dos soldados a abrir el hueco para extraer desechos hospitalarios –gasas, jeringas y agujas”, sin orden de autoridad competente. Ese terreno estaba “protegido por medidas cautelares desde septiembre de 2024”, dijo el citado diario de Barranquilla.

Por otra parte, Blu Radio señaló que el 4 de febrero pasado hubo otra “intervención irregular” pues un grupo del Batallón de Ingenieros del Ejército “llegó al área con un plan de trabajo relacionado con alcantarillas cercanas a otro punto de interés forense”. Parece que esa segunda acción también fue suspendida “para preservar la integridad del terreno bajo protección judicial”.

Las excavaciones ocurrieron en la Escuela de Logística del Ejército. Según el diario Mi Oriente, ese lugar es de “gran relevancia histórica” pues albergó locales de inteligencia militar, como la Brigada XX y el Batallón Charry Solano. Esa brigada y ese batallón, tras haber sido acusados de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos durante las décadas de los 80 y 90, fueron disueltos en 1998.

Sin tener en cuenta la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia del 16 de diciembre de 2015, ni la constancia del año 2020 de que tal sentencia había hecho tránsito a cosa juzgada, la viuda de una victima del M-19 en el Palacio de Justicia, Carlos Horacio Urán Rojas, un abogado asistente del Consejo de Estado hasta el día del citado ataque del M-19, presentó ante la justicia norteamericana una acusación contra el coronel (r.) Alfonso Plazas Vega. Esa acusación, lanzada en 2022, pretende transferir al coronel Plazas el crimen que cometió la banda terrorista M-19 contra el señor Urán.

Tal operación de grotesca persecución fue estructurada poco después de que Gustavo Petro y su organización extremista, ligados orgánicamente a los que asaltaron el Palacio de Justicia en 1985, lograran asumir la dirección del gobierno colombiano.

Un juez de Estados Unidos que no estaba al corriente de los eventos y decisiones judiciales colombianos citados abrió una investigación sobre el coronel (r.) Plazas Vega por “tortura y ejecución extrajudicial” del abogado Urán al cual en el memorial de la viuda lo asciende a “magistrado del Consejo de Estado”.

Como el gobierno de Gustavo Petro no ha querido informar oficialmente al juez norteamericano sobre la sentencia absolutoria del coronel Alfonso Plazas Vega del 16 de diciembre de 2015, el interesado está pidiendo que el ministerio de Relaciones Exteriores cumpla con su deber de enviar oficialmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos copia de la sentencia absolutoria, así como otros documentos pertinentes, para que el juez norteamericano tenga todos los elementos de juicio necesarios. Los documentos adicionales son:

1.- La sentencia que condena a miembros del M-19 por el asesinato del abogado asistente del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán Rojas, del 2 de abril de 2013.

2.- La sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá del 19 de diciembre de 2019 que confirma la condena a los miembros del M-19 por el asesinato de Carlos Horacio Urán Rojas.

3.- La negativa de la Corte Suprema de Justicia de Colombia a la viuda de Urán de retirar a su difunto esposo de la lista de víctimas del M-19.

4.- La constancia de ejecutoria del año 2020 que hace tránsito a cosa juzgada el homicidio agravado cometido por el M-19 en la persona de Carlos Horacio Urán.

5.- La aparición con pruebas de ADN de los cadáveres de 7 de los 11 supuestos desaparecidos, por los cuales el M-19 acusó al coronel Plazas a través del llamado Colectivo de Abogados.