GOBIERNO, NACIONALES

En una declaración conjunta, los mandatarios regionales rechazaron medidas del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Salud que, según afirman, trasladan cargas fiscales a las entidades territoriales y afectan la bolsa de regalías. Advirtieron que esta situación pone en riesgo la autonomía de las regiones, el equilibrio económico y el desarrollo social.

Valledupar, 19 de agosto de 2025. Los 32 gobernadores del país expresaron de manera conjunta su inconformidad frente a decisiones recientes del Gobierno Nacional que, según señalaron, están debilitando la autonomía territorial y trasladando cargas financieras indebidas a los departamentos y municipios.

La declaración, producto de una asamblea extraordinaria, plantea la necesidad de una mesa de trabajo urgente con el Ejecutivo. Uno de los principales reclamos está dirigido al Departamento Nacional de Planeación (DNP). Los mandatarios denunciaron que un concepto de esa entidad afecta directamente la bolsa de regalías e impone obligaciones adicionales sobre los entes territoriales, obligándolos a cubrir gastos con recursos propios.

“En una sola voz, expresamos nuestro profundo inconformismo frente a decisiones y acciones que viene tomando el Gobierno Nacional, las cuales vulneran de manera abierta y reiterada la autonomía territorial. No pueden seguir gobernando y legislando a través de actos administrativos que desconocen la ley y los planes departamentales de desarrollo y que, con cada nuevo decreto y resolución, desvían los escasos recursos de las gobernaciones, frenan la inversión regional, limitan la gobernanza y cercenan la autonomía”, señalaron en el comunicado.

En el sector salud, la molestia de los gobernadores es aún más marcada. De acuerdo con la declaración, más de $500.000 millones se han cargado a los presupuestos departamentales como consecuencia de decisiones administrativas adoptadas por el Ministerio de Salud.  A juicio de los mandatarios, estas medidas alteran el equilibrio económico que debe existir entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales para garantizar resultados efectivos en desarrollo social y económico.

“Exigimos la derogatoria de estos decretos y conceptos que afectan de manera directa la capacidad de inversión en los territorios”, afirmaron, advirtiendo que el impacto podría frenar proyectos estratégicos en infraestructura, educación y atención en salud.

Además de los reclamos financieros, la declaración conjunta incluyó un llamado urgente en materia de seguridad: los gobernadores pidieron al Gobierno Nacional garantías reales en esta materia para la población y un control territorial efectivo por parte de las Fuerzas Militares y de la Policía.

Asimismo, subrayaron la necesidad de contar con condiciones plenas de orden público para el desarrollo de las próximas elecciones en todas las regiones. La posición unificada de los mandatarios representa un hecho político de alto impacto, al reunir en un mismo frente a las 32 gobernaciones del país.

Finalmente, varios analistas consideran que esta nueva controversia sobre regalías y salud podría escalar hacia un debate mayor sobre el modelo de descentralización y el manejo de recursos, en un momento en que las tensiones entre el Gobierno Nacional y los territorios se hacen más visibles.