COLUMNISTAS

Define el diccionario de la RAE (Real Academia Española) la palabra INFAMIA como “maldad, vileza en cualquier línea”. En mi concepto, el pasado 2 de octubre se cumplieron 3 años de la mayor infamia contra la Democracia y el Estado de Derecho en toda la historia Republicana de Colombia: El robo de los resultados del plebiscito de octubre del 2016 por parte del señor Juan Manuel Santos con la complicidad de distintas ramas del poder público.

Quienes defendimos las tesis del NO (después de haber leído concienzudamente el acuerdo de La Habana), al ver que se daba todo tipo de beneficios a los narcoterroristas FARC, un sinnúmero de compromisos a cargo del Estado y muy pocos a las FARC ( al punto que hoy, pese a lo que muchos expresan, las FARC no han incumplido nada porque a nada se comprometieron; solo quienes lo leímos lo tenemos claro ); expresamos nuestro desacuerdo con muchos argumentos y decidimos votar NO en el plebiscito. Los hechos nos dieron la razón; nuestros peores pensamientos sobre lo que implicaría el acuerdo fueron superados, resultó ser mucho más grave de lo que habíamos imaginado.

He escrito en varias oportunidades que el daño de Juan Manuel Santos a Colombia es inconmensurable y lo ratifico; hizo demasiado daño en todos los aspectos, pero haber violentado, de la manera en que lo hizo, la voluntad del Pueblo Soberano que se expresó mayoritariamente para rechazar el acuerdo Santos – FARC es el más letal de sus daños. Para ello Santos se apoyó en sus mayorías en el congreso (compradas con todo tipo de prebendas a cargo del erario), con la complicidad de la Corte Constitucional, de gran parte de medios y periodistas y hasta con la C S J (su presidente el Magistrado Bustos, hoy prófugo por su participación en el Cartel de la Toga, que dijo que la paz estaba por encima de la justicia) para robar los resultados del plebiscito e imponer lo que el Constituyente Primario rechazó.

Lo más grave es que un concepto de la Corte prostititucional, perdón Constitucional (otrora garante de la Constitución Política de Colombia) permitió el robo del plebiscito al convalidar la refrendación del acuerdo por parte del congreso, violando el artículo 3º de la C P C. Posteriormente, también avaló el perverso fast track con el cual se habilitaron leyes con solo 3 debates en el congreso, modificando la Constitución y violando lo que ella expresa, un exabrupto legal para beneficiar solo a las FARC.

Lo absurdo de todo esto es que quienes alertamos y nos opusimos a ello, ajustándonos por completo a nuestro ordenamiento jurídico y en defensa de la Democracia, fuimos acusados de todo tipo de improperios. Varios líderes del NO incluso fueron objeto de una perversa persecución mediática, política y hasta judicial orquestada desde la Casa de Nariño y para lo cual contaron con el perverso respaldo del Fiscal General de la época quien convirtió esa institución en la policía política del Régimen Santista a la usanza de los peores sistemas comunistas de la historia.

El robo del plebiscito significó para el Estado de Derecho colombiano la mayor vergüenza. Con todo tipo de argucias, violando la Constitución Política y en contra de la decisión del Constituyente Primario base de la Democracia, validaron e implementaron ilegalmente el acuerdo Santos – Farc. Lo mas  triste, todo eso fue minimizado, el poder corruptor de Juan M Santos compró apoyos de unos y el silencio cómplice de otros, el daño quedó consumado. Son “3 AÑOS DE INFAMIA CONTRA EL ESTADO DE DERECHO”, pocos lo saben, a otros no les importa, muchos lo cohonestaron.

EL COLMO 1: Por los líos de dineros en la Universidad Distrital, su ex director menciona a Juan Carlos Montes, el amigo y socio del de la Colombia Bolivariana que filmó el video de La Bolsa de Petro.”Extrañamente” cuando se mencionó que Petro lo había nombrado y la relación con Montes cesaron las protestas de “estudiantes” por ese asunto. NO HAY DERECHO.

EL COLMO 2: El de la Colombia Bolivariana dice luchar contra la política tradicional, esas que heredan los cargos públicos. Pero postula a su hijo (el mismo de la deuda de $120 millones) a la gobernación del Atlántico y a su hermano a la alcaldía de Cajicá (algo que además negó). Y hay quienes le comen cuento. NO HAY DERECHO.