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Valledupar, 2 de enero de 2021.- Un grupo de Senadores republicanos liderados por el senador de Texas Ted Cruz, y once senadores más, suman doce hasta el momento se adelantan al proceso del 6 de enero, buscando que se haga una auditoria real sobre el conteo de la votación, se trata de un previo por lo que anunciaron este sábado que se tomen 10 días para llevar a cabo este proceso y que funcione de forma más eficaz, y que se le de a los estadounidenses confianza en el sistema y en los resulñtados electorales en lo que viene ocurriendo a raíz de las denuncias del fraude electoral.

Los doce senadores Ted Cruz (R-Texas), Ron Johnson (R-Wis.), James Lankford (R-Okla.), Steve Daines (R-Mont.), John Kennedy (R-La. ), Marsha Blackburn (R-Tenn.), Mike Braun (R-Ind.), Ylos senadores – funcionarios electos Cynthia Lummis (R-Wyo.), Roger Marshall (R-Kan.), Bill Hagerty (R-Tenn. .) y Tommy Tuberville (R-Ala.) hicieron publica su oposición a la ratificación de la victoria del presunto presidente electo, Joe Biden, durante la sesión del Congreso programada con ese objetivo el próximo 6 de enero, lo que forzará un voto sobre el resultado de las elecciones de noviembre.

La declaración de estos senadores no desconoce que se haya presentado un fraude en las elecciones, por lo que hace un recuento sobre situaciones similares presentadas en elecciones anteriores y solicita adoptar la decisión presentada en las elecciones de 1877. El documento textualmente señala lo siguiente:

“América es una República cuyos líderes son elegidos en elecciones democráticas. Estas elecciones, a su vez, deben ajustarse a la Constitución y a las leyes federales y estatales”.

“Cuando los votantes deciden de manera justa en una elección, de acuerdo con el Estado de derecho, el candidato perdedor debe reconocer y respetar la legitimidad de esa elección. Y, si los votantes optan por elegir a un nuevo titular, nuestra nación debería tener una transferencia de poder pacífica”.

“La elección de 2020, como la de 2016, fue muy disputada y, en muchos estados indecisos (Swing States), fue decidida por un estrecho margen. Sin embargo, en las elecciones de 2020 surgieron acusaciones sin precedentes de fraude electoral, de violaciones y de laxismo en la aplicación de la ley electoral, así como otras irregularidades en la votación”.

“El fraude electoral ha planteado un desafío persistente en nuestras elecciones, aunque su amplitud y alcance son discutidos. De todas maneras, las acusaciones de fraude y de irregularidades en las elecciones de 2020 superan todo lo visto hasta ahora”.

“Y estas acusaciones no son creídas únicamente por un solo candidato. De hecho, son mucha gente las comparte. Las encuestas de Reuters / Ipsos trágicamente muestran que el 39% de los estadounidenses creen que la elección fue amañada. Esta creencia la comparten los republicanos (67%), los demócratas (17%) e los independientes (31%)”.

“Ciertos miembros del Congreso no están de acuerdo con esta evaluación, al igual que muchos miembros de los medios de comunicación”.

“Pero lo crean o no nuestros elegidos o nuestros periodistas, esta profunda desconfianza hacia nuestros procesos democráticos no desaparecerá mágicamente. Eso debería preocuparnos a todos. Y ella representa una amenaza permanente para la legitimidad de todas las administraciones posteriores”.

“En el mejor de los casos, los tribunales habrían escuchado los testimonios y resuelto esas acusaciones de fraude electoral grave. En dos ocasiones, la Corte Suprema ha tenido la oportunidad de hacerlo; dos veces la Corte se negó”.

“El 6 de enero, le corresponde al Congreso votar sobre la certificación de los resultados de las elecciones de 2020. Esta votación es el único poder constitucional que queda para examinar y forzar una resolución de las múltiples denuncias de fraude electoral grave”.

“En esta sesión conjunta cuatrienal, hay un largo precedente de miembros demócratas del Congreso que se oponen a los resultados de la elección presidencial, como lo hicieron en 1969, 2001, 2005 y 2017. En 1969 y 2005, un senador demócrata se unió a un diputado demócrata de la Cámara para forzar los votos en ambas cámaras sobre la oportunidad de aceptar que los electores presidenciales sean desafiados”.

“El precedente más directo sobre este tema surgió en 1877, luego de serias acusaciones de fraude y conducta ilegal en la carrera presidencial Hayes-Tilden. Específicamente, las elecciones en tres estados (Florida, Luisiana y Carolina del Sur) se llevaron a cabo de manera ilegal”.

“En 1877, el Congreso no ignoró esas acusaciones, ni los medios los descalificaron como radicales que intentaban socavar la democracia. En lugar de eso, el Congreso nombró una Comisión Electoral, compuesta por cinco senadores, cinco diputados y cinco magistrados de la Corte Suprema, para revisar y resolver las imputaciones”.

“Debemos seguir este precedente. Es decir, el Congreso debe nombrar inmediatamente una Comisión Electoral, con plenos poderes de investigación para realizar una auditoría de emergencia de 10 días de los resultados electorales en los estados en disputa. Una vez realizado eso, cada estado evaluaría los hallazgos de la Comisión y podría convocar una sesión legislativa especial para certificar un cambio en su voto, si es necesario”.

“Por lo tanto, tenemos la intención de votar el próximo 6 de enero para rechazar a los electores en los estados en disputa por no ser ‘debidamente dados’ ni ‘legalmente certificados’ (la ley lo requiere), hasta que esta verificación de emergencia de 10 días no haya terminado”.

“No somos ingenuos. Sabemos que la mayoría de los demócratas, si no todos, y quizás más de unos pocos republicanos, votarán de otra manera. Pero apoyar la integridad electoral no debería ser un tema partidista”.

“Una auditoría justa y creíble, realizada rápidamente y mucho antes del 20 de enero, mejoraría drásticamente la confianza de los estadounidenses en nuestro proceso electoral y mejoraría enormemente la legitimidad de quien se convierta en nuestro próximo presidente. Le debemos eso al pueblo”.

“Son cuestiones vitales del Congreso que nos ha sido encomendado defender. No tomamos este paso a la ligera. Actuamos no para frustrar el proceso democrático, sino para protegerlo. Y cada uno de nosotros debería actuar en conjunto para garantizar que la elección se llevó a cabo legalmente de conformidad con la Constitución y hacer todo lo posible para restaurar la fe en nuestra democracia”.

Esta declaración se suma a la presentada por 140 representantes de la Cámara baja estadounidense, y muchos más parlamentarios que se estarían uniendo luego de una sesión en la que se reunieron con el presidente Donald Trump durante más de cuatro horas en las que se les pudo explicar el fraude de que fue objeto el mandatario estadounidense.