COLUMNISTAS

“Se les olvida que soy senadora tanto como ellos y que todos tenemos derechos”, lanzó alias Griselda Lobo a los periodistas que buscaban ayer una explicación a la comprometedora foto en la que ella aparece  con Patricia Linares, la ex directora de la JEP (justicia especial de paz).

No es cierto que la ex compañera de Tirofijo, el criminal que más ensangrentó a Colombia, sea una senadora como los otros senadores. Griselda Lobo, alias de Sandra Ramírez, no es senadora. Ella no fue elegida por los ciudadanos. Un senador es una persona que recibe un mandato mediante el voto en elecciones libres. La señora Ramírez ocupa un escaño en el Senado porque el gobierno de JM Santos pateó la Constitución e inventó 10 cupos ilegítimos en el Congreso para esa gente. Y el pacto ilegal Farc/Santos fue rechazado por los colombianos en el referendo nacional de 2016.

“Los senadores serán elegidos” dice el artículo 132 de nuestra Constitución. “Los  miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común”, dice el artículo 133 de la Carta. Griselda Lobo no fue elegida ni representa al pueblo, ni actúa consultando el bien común. Ella representa, por el contrario, a un aparato político que combate las nociones de bien común y de justicia.

Ella no ha repudiado la trayectoria de Tirofijo ni la organización criminal que él contribuyó a crear y dirigió durante 45 años, hasta 2008. Tirofijo y las Farc destruyeron durante décadas la paz, la vida, la prosperidad, el bien común y la justicia, en nombre de un anticapitalismo bárbaro y de la antidemocracia más reaccionaria.

La viuda de Tirofijo no es libre. Ella no puede representar al pueblo. Como los otros “congresistas” de las Farc, ella va al Capitolio a defender los obscuros dictados del grupo que dirige al partido Farc, que no es un modelo de transparencia ni de colombianidad. Los jefes ideológicos de ese “colectivo” hay que buscarlos lejos, en La Habana, Caracas y Pekín. Alberto Cruz Lobo, alias “Enrique Marulanda”, guerrillero del grupo de Iván Márquez, es hijo de Sandra Ramírez.

No, Sandra Ramírez no representa al pueblo, ni es una senadora como los demás.

Alias Griselda Lobo corrió a fotografiarse con Patricia Linares pues la JEP es una creatura monstruosa, un organismo que trabaja contra la justicia, que se obstina en  impedir que el derecho prevalezca en Colombia y alcance a los jefes de las Farc.

Para calmar a los críticos, la JEP acudió al embuste y al desvío de atención. Dijo que la foto con Sandra Ramírez era “manipulada” cuando la misma JEP la había puesto a circular. ¿Puede alguien sorprenderse de tal mentira?

Nadie manipuló nada. La foto es  escandalosa: con esa imagen la ex de Tirofijo le dice a la ex directora de la JEP: has hecho un buen trabajo por nosotros. Vamos a seguir en eso y vamos a premiar, con los símbolos sagrados de Colombia, a quien nos ayude. Ese es el significado de esa foto. El episodio de la foto con Patricia Linares tiene más de acto de nigromancia que acto de condecoración.

El reclamo de los parlamentarios uribistas es justificado. La magistrada Linares aceptó ser premiada por los excombatientes que ella misma investiga. La neutralidad y la “imparcialidad” de la JEP ante las Farc saltaron de nuevo en pedazos. De los seis senadores que aprobaron eso, tres son abiertamente pro Farc.

Los colombianos, y sobre todo las víctimas de las Farc,  se sienten agredidos por ese galardón inmerecido.  La señora Linares no ha permitido que los jefes de las Farc digan la verdad sobre sus actuaciones, como lo denunció en agosto pasado Carmenza López, viuda de un edil bogotano asesinado por las Farc en 2008.  Linares contribuyó de manera decisiva, por acción,  a la excarcelación de alias Santrich y, por omisión, a la llegada de ese ideólogo y traficante de drogas a la “Segunda Marquetalia”. Esa nueva fuerza terrorista –creada en agosto pasado por alias Iván Márquez, con gente como alias “el paisa” y alias Walter Mendoza–, tiene el apoyo del dictador Maduro, quien les suministra campamentos, dinero, uniformes y modernos fusiles Tabor.

La Constitución dice que el Congreso puede decretar honores pero únicamente “a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria”.  ¿Cómo pudo la “comisión de paz” del  Senado aceptar que Patricia Linares reciba una orden (la comisión no supo siquiera dar el nombre exacto de la orden) en el grado de “gran cruz con placa de oro”?  ¿Dónde está la paz y la verdad de las víctimas en todo esto? ¿Dónde están los servicios a la patria?

Esa ceremonia busca sobre todo aclimatar la JEP en los espíritus, banalizar los juegos detestables de la JEP, darle una virginidad a sus propósitos. Pedir que ese acto bochornoso para la dignidad del Congreso sea revertido será de más y más actualidad.