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Tripulantes hacinados, sin contratos y con alimentos podridos: el hallazgo en buques sellados en Cartagena

Las inspecciones revelaron tripulaciones extranjeras sin contrato, hacinamiento, riesgos eléctricos, alimentos en mal estado y ausencia de afiliación a seguridad social. Los buques permanecerán sellados hasta garantizar trabajo digno.

Valledupar, 11 de octubre de 2025.- El Ministerio del Trabajo ordenó la inmovilización de los buques pesqueros Sandra C, Amanda S y Nazca, de bandera colombiana, luego de una inspección que expuso un panorama alarmante en materia laboral y de salubridad. Las tres embarcaciones son operadas por SeaTech International para la empresa Van Camps, y no podrán zarpar hasta cumplir los estándares exigidos por la ley.

Durante la visita, los inspectores documentaron la presencia de tripulantes extranjeros sin contrato laboral, ni afiliación al sistema de seguridad sociales en contravía de la normativa que restringe la participación extranjera a un 20 % del personal. Además, se verificaron condiciones inaceptables: riesgos eléctricos generalizados, sustancias peligrosas sin control, hacinamiento, medicamentos dispersos y alimentos en proceso de descomposición.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, subrayó que “los buques con bandera colombiana son territorio nacional: deben cumplir la ley y garantizar trabajo digno”. Según precisó, los sellos no serán levantados hasta tanto no se formalicen las contrataciones y se demuestre que la operación cumple con parámetros mínimos de seguridad y humanidad.

Indicios de trata y explotación laboral

Más allá de las infracciones administrativas, el informe oficial advierte posibles indicios de trata de personas y explotación laboral. Se encontraron trabajadores mayores de 60 años, sin ningún tipo de protección, ni licencias actualizadas, desempeñando tareas de alto riesgo. Uno de ellos, operador de maquinaria con discapacidad, laboraba sin elementos de protección personal.

Las irregularidades se extienden al esquema de contratación. Agencias extranjeras, como una firma panameña identificada en la inspección, canalizaban los pagos sin afiliación alguna a seguridad social, lo que sugiere una intermediación laboral ilegal de carácter transnacional.

Por otro lado, el personal de vigilancia del puerto habría alertado de la presencia del equipo inspector desde su llegada, lo cual apunta a una posible colusión para ocultar irregularidades. Incluso, algunos trabajadores manifestaron temor ante posibles represalias por colaborar con las autoridades.

Frente a estos hallazgos, el Ministerio reiteró que los buques permanecerán sellados hasta que se acredite contratación formal, afiliación a riesgos laborales y un entorno seguro para las tripulaciones. Las conclusiones serán remitidas a las autoridades competentes, en lo que podría constituir uno de los casos más graves de violación a los derechos laborales en el sector pesquero colombiano.

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