CONGRESO, JUSTICIA

Barranquilla, 13 de marzo de 2025.- La precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, anunció que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió su demanda contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) por la transmisión en televisión abierta de los Consejos de Ministros del Gobierno de Gustavo Petro.

Cabal argumenta que esta práctica vulnera la Ley 63 de 1923, que establece la reserva de dichas reuniones del alto gobierno.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la dirigente política celebró la decisión del tribunal y afirmó que “Petro y su gobierno no están por encima de la Constitución y la Ley”.

Enfatizó que su acción legal busca restablecer el orden normativo y evitar que el Ejecutivo continúe con lo que calificó como un “show televisado”.

El debate entre transparencia y confidencialidad

La admisión de la demanda ha reavivado un debate clave sobre los límites entre la transparencia gubernamental y la confidencialidad en las deliberaciones de alto nivel.

La administración de Gustavo Petro ha defendido la transmisión de los consejos de ministros como una herramienta para acercar al Gobierno a la ciudadanía y permitir un mayor acceso a la toma de decisiones.

Sin embargo, los críticos, encabezados por la precandidata Cabal, sostienen que esta práctica pone en riesgo la libertad de expresión dentro del gabinete, pues los ministros podrían sentirse condicionados al expresar opiniones o debatir políticas públicas bajo la exposición mediática.

Según la demanda, la publicidad de estas sesiones altera la naturaleza de los consejos, cuyo propósito es permitir una discusión franca y estratégica de los asuntos de Estado.

Denuncias adicionales contra el presidente Petro

Además de la acción ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se han radicado tres denuncias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, señalando al presidente Gustavo Petro por presunta divulgación de información sensible.

Según los denunciantes, la exposición de ciertos temas en los Consejos de Ministros televisados podría comprometer asuntos de seguridad nacional y afectar el desarrollo de políticas internas antes de su implementación formal.

Desde una perspectiva política y estratégica, esta demanda se convierte en una nueva arremetida de la oposición contra el gobierno de Petro.

Cabal, una de las figuras más visibles del uribismo y precandidata presidencial en 2026, ha utilizado este episodio para reforzar su discurso de defensa de la institucionalidad y el respeto a la legalidad.

Su mensaje en redes sociales, enfatizando que ella “no promete, sino que se compromete”, busca posicionarla como una líder firme en la lucha contra lo que ella considera abusos del Ejecutivo.

El futuro del caso

Con la admisión de la demanda, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá evaluar si la transmisión de los Consejos de Ministros efectivamente vulnera la reserva establecida en la Ley 63 de 1923 o si, por el contrario, el derecho a la información justifica esta práctica.

En caso de que el tribunal falle a favor de Cabal, el Gobierno podría verse obligado a suspender la emisión de estas sesiones y modificar su estrategia de comunicación.

Este proceso judicial no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas, ya que podría convertirse en un nuevo frente de confrontación entre el Ejecutivo y la oposición.

La decisión final del tribunal será determinante para establecer un precedente sobre el equilibrio entre la transparencia gubernamental y la confidencialidad en la toma de decisiones del Estado.