DESCENTRALIZADOS, INFORME EDUCATIVO

El órgano de control abrió indagación preliminar por presuntas irregularidades en la planeación y selección del operador del PAE en Cartagena.

Barranquilla, 15 de junio de 2018.- La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado al igual que formuló pliego de cargos contra el mandatario encargado en el departamento de Putumayo. Así mismo inició indagación preliminar contra funcionarios de la alcaldía de Cartagena por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar, PAE.

Sobre la investigación en Cartagena en la que el órgano de control abrió indagación preliminar contra funcionarios por determinar de la alcaldía, las presuntas irregularidades se habrían presentado en la planeación y selección del operador del PAE en la ciudad.

La medida fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Cartagena tras la decisión de la Secretaría de Educación de declarar desierta la convocatoria pública que buscaba contratar al operador del servicio para 2018.

El ente de control solicitó a la Secretaría de Educación los soportes del proceso precontractual adelantado, así como un informe detallado del estado actual del PAE en la ciudad y la forma como se va a ejecutar, para proteger el derecho a la educación de 89 mil

El Ministerio Público en el caso de Norte de Santander, además del Gobernador también abrió investigación a otros dos funcionarios de la administración de Villamizar Laguado, son estos la gobernadora encargada, Sonia Arango Medina, y a la secretaria de Educación del departamento, María Fabiola Cáceres Peña, por presuntamente cometer irregularidades en la adjudicación de cuatro convenios para ejecutar el PAE por un monto superior a los 51.000 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, la gobernación adjudicó los convenios a través de contratación directa, otorgados a la Corporación de Desarrollo Social Tanai Jawa entre el 25 de enero de 2016 y el 5 de enero de 2017, con lo que habría omitido presuntamente citar a una convocatoria pública, tal como afirma el Ministerio que se requería en atención al objeto contractual y las actividades que se debían desarrollar.

Igualmente la selección del contratista se habría realizado, aparentemente, de manera sesgada y subjetiva sin tener en cuenta su idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto contractual.

En el caso del Gobernador encargado de Putumayo, Oscar Darío Mallama Quetama, y a otros dos funcionarios de la administración, igualmente habrían cometido irregularidades en la planeación, celebración y ejecución de un contrato por más de $9.900 millones, para el suministro de alimentación a estudiantes de las instituciones educativas del departamento en el 2017. El pliego de cargos también se aplica al secretario de Educación del departamento, Jorge Enrique Ferrín Dorado, y al jefe de la Oficina de Contratación, José Luis Moreno Lozano.

Según el Ministerio Público el contrato se habría adjudicado a la unión temporal El Putumayo Somos Todos 2017, conformada por Seval Logística y la Fundación SAC de Colombia, sin que presuntamente la gobernación contara previamente con los estudios técnicos y financieros precisos, que permitieran establecer el presupuesto oficial de la licitación pública y soportar el valor estimado, señala la Procuraduría.

Señala el Ministerio Público que al parecer se habrían presenatdo sobrecostos por más de 26 millones de pesos en los precios de las raciones alimenticias, situación que habría reducido el número de menores beneficiados por el programa.

“La Procuraduría también investiga si los pliegos de condiciones contaban con reglas objetivas, justas, claras y completas que aseguraran una selección imparcial del contratista, y la solicitud de la utilización de un sistema biométrico para controlar el número de menores atendidos, exigencia que habría limitado la inscripción de oferentes y generado, aparentemente, un direccionamiento en la contratación. Esa herramienta en la práctica no fue utilizada por la empresa seleccionada”. Señala además que la Gobernación habría otorgado puntajes, en obligaciones propias del contrato. Condición adicional que pudo haber limitado la participación de empresas o entidades interesadas en licitar.

También se investigan las condiciones generales del proponente escogido, y si las empresas que la conforman cuentan con la capacidades jurídicas y financieras, y las condiciones de experiencia y de organización necesarias para ejecutar un contrato como el adjudicado, que tenía como objetivo beneficiar a 57.729 estudiantes del departamento.