COLUMNISTAS

En medio de la pandemia, la gran industria láctea ha vuelto con una estrategia conocida, o mejor, sufrida desde siempre por los ganaderos: Una de sus empresas oprime el botón rojo de ¡ENLECHADA!, para justificar una reducción del precio y la disminución de las compras a los ganaderos, lo cual arrastra a todo el mercado formal y al inmenso mercado informal de leche cruda, en el que ya el ganadero recibe un precio que no retribuye su esfuerzo.

Los economistas llaman “oligopsonio” al mercado imperfecto en que muchos compradores tratan de venderle a muy pocos vendedores, convertidos en “dioses” de la plaza, haciendo, literalmente, lo que “les viene en gana” decidiendo a quién comprar y a quién no, cuánto comprar y a qué precio; en fin, decidiendo quién vive y muere en el mercado.

Esa ha sido la posición de la industria láctea frente a sus proveedores, los ganaderos. El esfuerzo de 320.000 de ellos, la mayoría pequeños productores, saca al mercado más de 7.300 millones de litros de leche, pero la industria formal acopia menos del 50%; apenas 3.241 millones en 2019, concentrado en seis grandes empresas con el 60% del acopio formal.

No obstante, la industria no está interesada en aumentar su capacidad de procesamiento, porque solo comprando la mitad de la producción “mangonea” en el mercado, y ese enorme margen de leche que se distribuye y consume cruda, sin higienización ni garantía de inocuidad, siglo y medio después del descubrimiento de Pasteur, le sirve para gritar en cualquier momento ¡ENLECHADA! y cuadrar sus utilidades a costa del ganadero.

Pero –ya lo dije– la industria no está interesada en crecer, sobre todo con productos diferenciados para sectores menos favorecidos, con menos empaque, publicidad y menor precio. Tampoco tiene mayor presión para hacerlo, mientras que los gobiernos sí han cedido a la de los “cruderos”, que bajo el argumento de “lo social” esconden verdaderas mafias que se lucran del esfuerzo ganadero. En Colombia, en pleno siglo XXI, la comercialización de leche cruda debería estar prohibida en ciudades de más de 100.000 habitantes, pero la política pública se detuvo en este aspecto durante la era Santos.

El Decreto 616 de 2006 estableció el reglamento técnico para la leche “que se obtenga, procese, envase, transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en el país”. La idea era modernizar el sector frente a la suscripción de TLC con productores mundiales como USA y la UE, pero los Tratados se firmaron y la modernización y ampliación del procesamiento nunca se dio, con argumentos populistas bajo la presión de los cruderos y el desinterés de la industria, que veía en los TLC la oportunidad para importar leche barata y anunciar falsas enlechadas. Para mayo ya habían comprado ¡40.000 toneladas!; cerca de 400 mil litros que dejaron de comprarle al ganadero colombiano.

El argumento de “enlechada” para bajar 5 % el precio al ganadero y reducir 10 % el acopio, como pretende la gran industria, además de falso, pues no hubo déficit de oferta en el verano, ni hoy hay exceso –si lo hubiera, para qué importar–, pone al borde de la quiebra a cerca de 300.000 familias, una verdadera infamia en medio de la pandemia.

Hoy la utilidad de la cadena se concentra en la industria y el comercio, cuando lo que necesita el país es leche colombiana para todos, a precio asequible, con utilidad razonable para esos eslabones, y un precio decente para el ganadero, porque sin él…no habría nada.

Por ello, en representación de los campesinos que a diario madrugan al ordeño, lanzamos al Gobierno un SOS lechero.