COLUMNISTAS

El ejercicio de todo tipo de dominación, como símbolo de supremacía y poder, ha sido usado históricamente en las culturas, unas veces soslayadamente con argucias temerarias y otras veces, contraviniendo todos los ordenamientos normales de respeto por el ser humano.

La violencia sexual contra mujeres y niños en Colombia, es un fenómeno claro del desmembramiento social, impudicia y aberración extrema, que no debe ni puede ser aceptado, sin excepciones. En ningún contexto puede invisibilizarse a las víctimas y mucho menos, revictimizarlas. Resulta inadmisible el doble rasero de condenar -como debe ser- a unos y absolver y premiar a otros.

Oscuro y turbio resulta pues, que amparados en un espurio, inconstitucional y amañado acuerdo de paz, todos aquellos capos guerrilleros que ostentaron algún poder dentro de las filas de las Farc, resulten no solamente impunes, sino premiados, después de haber cometido tan atroces crímenes contra cientos de mujeres que reclutaron siendo niñas, abusaron indolentemente y obligaron a abortar en las condiciones más inhumanas posibles; llevándolas incluso a la muerte.

De la mano de Herbin Hoyos, esas mujeres que han tenido la valentía de enfrentar la desgracia personal de haber pertenecido forzadamente a esa organización terrorista, se agruparon en la Corporación Rosa Blanca, para contarle al mundo, con detalles, la dimensión de las vejaciones a las que fueron sometidas y a clamar no solamente justicia, sino reparación de acuerdo con el daño causado.

Según investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación, la violencia sexual era una política dentro de las Farc, emanada desde su comandancia y dirigencia, con la que se autorizaba la planificación forzada y el aborto. Son estremecedores los relatos de estas jóvenes obligadas a temprana edad a convertirse en adultas y esclavas sexuales.

Sin embargo, muy a pesar del repudio generalizado de la sociedad por este tipo de aberraciones -que ponen a los perpetradores en la escala más baja de valores, al nivel de enfermos pervertidos y psicópatas-, por obra de un acuerdo al que el pueblo colombiano dijo NO, hoy varios de ellos serán Senadores de la República y Representantes a la Cámara.

Personajes siniestros como alias Victoria Sandino, futura senadora de las Farc, fungía como cómplice y obligaba a las niñas a soportar los abusos.

Uno de los hombres más temidos dentro del grupo terrorista, alias El Paisa, no solamente es un frío y sanguinario asesino, sino también un pedófilo. Una de sus víctimas, reclutada a los 9 años, relata cómo la violó desde que tenía 11, la sometió a tres abortos y la obligó a enfrentar combates para que le dieran de baja.

Otra mujer cuenta cómo, a sus 14 años, fué obligada a abortar con 8 meses de gestación por Byron Yepes, aspirante a la Cámara de Representantes por las Farc en Bogotá, después de ser reclutada a los 11 años.

Tantos testimonios a la vista de un país perplejo que clama justicia, mientras su presidente solo gestiona en favor de terroristas e ignora con desvergonzada evidencia a las víctimas.

De nada le sirve a la sociedad la hipocresía de mujeres que proclaman «igualdad e inclusión» si a la hora de condenar estas dolorosas agresiones callan por causa de sus posturas políticas o, incluso, las justifican. Clara López optó por declarar que las mujeres abusadas debían «aprender a convivir» con sus victimarios; muchas feministas prefirieron callar y en cambio, aplaudir las ridiculeces idiomáticas de Alirio Uribe contra el lema de la Alcaldía de Bogotá. Y tenemos claro que la señora Lucía González, miembro de la Comisión de la Verdad, no hará nada porque «comparte todos los principios de las Farc». ¿Esos principios incluyen las directrices de esclavitud sexual dentro de sus filas? ¿Incluyen las abyecciones y perversiones de las que han sido objeto las mujeres que han pertenecido a esa organización? ¿Ese es el tipo de «verdades» que la Comisión pondrá sobre la mesa?

Sobre el cuerpo de las mujeres, las Farc escribieron una imborrable historia de horror y la sociedad colombiana tiene una deuda enorme de reparación y justicia que sane y cicatrice sus heridas morales. La memoria de tan aberrantes actos debe permanecer vigente hasta que se logre derrotar la impunidad.
Quienes podemos elevar nuestra voz en el Congreso de la República debemos saldar esa deuda, impidiendo también el premio a los victimarios.