DEPARTAMENTO

El órgano de control estableció que el exmandatario departamental solicitó la disponibilidad de recursos y permitió el pago de más de $1.500 millones de pesos a favor de la IPS San José de la Sabana S.A.S., por concepto de suministro de medicamentos No POS a 14 personas que no padecían la enfermedad, lo que conllevó a que se incrementara injustificadamente el patrimonio de la IPS.

Así mismo, encontró que no impartió instrucciones y no realizó seguimiento, orientación, vigilancia y control jerárquico sobre el uso de esos recursos, pese a las advertencias previas presentadas por la Contraloría General de la República en las cuales se evidenciaron irregularidades en los controles para ordenar los pagos de medicamentos, que no permitían tener certeza de la real prestación del servicio.

En fallo de primera instancia se calificó la falta del exgobernador como grave a título de culpa grave.

El órgano de control aclaró que a la suspensión de 11 meses se le descontarán los seis meses de suspensión provisional que había sido decretada en la etapa de investigación, y el tiempo restante será convertido en salarios de acuerdo a lo devengado para la época de los hechos.

En el caso de Pareja Alemán, la Procuraduría determinó que ordenó el pago mediante la Resolución 00008 del 16 de mayo de 2016 sin realizar los controles efectivos, pese a haber sido informado de las observaciones del ente de control fiscal, que evidenciaron inconsistencias en los procedimientos, documentos y controles existentes en la secretaría, los cuales no permitían tener certeza del servicio facturado por la IPS, generando un grave daño social y un detrimento patrimonial al Estado.

La falta del exsecretario de Desarrollo de la Salud fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima, por desatención elemental y violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.

En la decisión, la Procuraduría absolvió al exsecretario de Hacienda de la Gobernación de Córdoba, Boris Felipe Zapata Romero, y a la exdirectora Financiera, María Eugenia Ferreira Chaar, al encontrar que para efectuar el pago a la IPS surtieron el procedimiento establecido consistente en verificar la existencia previa de un certificado de disponibilidad presupuestal y un acto administrativo que ordenaba el pago, cuyo trámite había estado a cargo de la dependencia respectiva. Además, no mediaba alguna orden que evitara realizar la transferencia.