CONGRESO, JUSTICIA

Aunque la Corte Suprema cerró un proceso penal contra la senadora Isabel Zuleta por supuestas interferencias en capturas de cabecillas criminales, un salvamento de voto del magistrado Misael Rodríguez advirtió que sí existían elementos para investigar.

A la controversia se suman procesos en el Consejo de Estado y nuevas indagaciones internas del Ministerio de Defensa.

Valledupar, 16 de diciembre de 2025. Pese a que en septiembre de 2025 la Corte Suprema de Justicia decidió archivar un proceso penal contra la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, las dudas sobre su actuación en operativos de seguridad volvieron a escena tras conocerse un salvamento de voto del magistrado Misael Rodríguez, quien consideró que la denuncia sí ameritaba una investigación preliminar.

En un documento de diez páginas, Rodríguez sostuvo que la queja presentada contra la congresista contenía “elementos suficientes para activar la administración de justicia”, en contravía de la postura mayoritaria de la Sala. La denuncia, interpuesta por Diego Caro Porras, se basó en declaraciones públicas del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien acusó a Zuleta de intervenir para frenar capturas de jefes de bandas criminales en el Valle de Aburrá.

Según esas versiones, la senadora habría intercedido ante altos mandos de la Policía para evitar la captura de Juan Pablo Taborda, alias Yordi, señalado cabecilla de la estructura criminal La Terraza, durante un operativo adelantado junto con la Fiscalía. Para el magistrado Rodríguez, tanto la denuncia como las afirmaciones del alcalde permitían identificar un señalamiento concreto y verificable que justificaba, al menos, la apertura de una indagación preliminar.

“Aunque el criterio mayoritario no lo estime así, según lo puesto en conocimiento, la senadora habría interferido ante altos mandos de la Policía Nacional para impedir la materialización de órdenes de captura”, afirmó el magistrado en su salvamento, en el que cuestionó que no se hubiera desplegado una mínima actividad investigativa para esclarecer los hechos.

Rodríguez también reprochó que la Sala no indagara qué oficiales habrían sido contactados ni qué información tenía la congresista sobre las órdenes de captura contra integrantes de La Terraza, pese a que, según el alcalde Gutiérrez, las autoridades seguían a alias Yordi desde hacía al menos diez meses antes del operativo que finalmente permitió su detención.

Zuleta, quien es coordinadora del gobierno en la denominada ‘Paz Urbana’, componente de la política de ‘Paz Total’ para el diálogo con bandas criminales en el Valle de Aburrá, enfrenta además un proceso de pérdida de investidura en el Consejo de Estado. Ese expediente se relaciona con la solicitud que hizo al Inpec para trasladar a nueve jefes criminales a un evento público en La Alpujarra, en Medellín, donde compartieron tarima con el presidente Gustavo Petro.

En ese caso, la alta corte de lo contencioso administrativo continúa recaudando pruebas y ha solicitado información al Inpec, al Congreso y a la Presidencia, a la que incluso le reiteró requerimientos por no remitir documentación clave.

A este escenario se suma una nueva revisión desde el Ejecutivo. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se reunió este lunes con la cúpula militar y de Policía para avanzar en investigaciones internas que también involucrarían a la senadora Zuleta, esta vez por presuntas interferencias en operaciones contra la minería ilegal en Antioquia, ampliando así el frente de cuestionamientos alrededor de su actuación.