CONGRESO, ECONOMICAS

Alianza In Colombia alertó el plan del Gobierno de Petro que busca sacar de circulación a las Plataformas como Uber, Indriver, Didi, Yango, entre otras.

La iniciativa o proyecto de ley fue radicado por el Gobierno y convertiría en ilegales los servicios de movilidad con vehículos particulares, afectando a millones de usuarios y a cientos de miles de familias que dependen de estas plataformas para generar ingresos.

Valledupar, 2 de febrero de 2026.- La reciente radicación del Proyecto de Ley 347 de 2026, presentado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, generó una fuerte reacción del gremio de aplicaciones e innovación.

Alianza In Colombia advirtió que la iniciativa representa “uno de los retrocesos más graves” en materia de innovación, movilidad y economía digital en el país.

Según el gremio, de aprobarse el proyecto se podría poner fin a las plataformas de movilidad que operan con vehículos particulares, al pasar de una indefinición regulatoria a una ilegalidad explícita. Esto afectaría directamente el derecho de millones de usuarios a elegir cómo movilizarse y la posibilidad de generar ingresos para cientos de miles de conductores y propietarios de vehículos.

Aunque el proyecto se presenta como un mecanismo para fortalecer la supervisión del sector, Alianza In Colombia señaló que en realidad impone un régimen sancionatorio de carácter punitivo y prohibitivo.

Entre las medidas más controvertidas se incluyen la suspensión inmediata de operaciones sin decisión administrativa o judicial de fondo, la inmovilización de vehículos hasta por 120 días y la imposición de multas que podrían alcanzar los 4,7 millones de pesos por cada viaje, así como sanciones de hasta 2.179 millones de pesos cuando no exista una sanción específica en la ley.

La iniciativa también amplía la responsabilidad a terceros, como propietarios de vehículos y administradores de propiedad horizontal, quienes podrían enfrentar multas de entre 1.000 y 60.000 UVB, equivalentes a montos que van desde cerca de 10 millones hasta 726 millones de pesos. Además, faculta a las autoridades locales para desactivar puntos de recogida en hoteles y centros comerciales, lo que, según el gremio, generaría un “veto de facto” a este tipo de servicios.

Otro de los puntos más criticados es lo que Alianza In Colombia calificó como un “efecto mordaza”, al exponer a congresistas y funcionarios públicos a investigaciones o sanciones por pronunciarse a favor de la actividad económica de las plataformas, lo que, a su juicio, inhibe el debate democrático y el control político.

“Este es un proyecto cuya consecuencia práctica es la prohibición absoluta de las plataformas de movilidad y de las libertades y derechos que estas representan”, afirmó José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia, quien agregó que la iniciativa va en contravía de las tendencias internacionales hacia regulaciones modernas e inteligentes.

De acuerdo con cifras del gremio, en Colombia existen 1.283.577 cuentas de conductores que generan ingresos a través de plataformas digitales de movilidad y más de 21,5 millones de cuentas de usuarios. Estos datos coinciden con la Encuesta Polimétrica 2024 de Cifras y Conceptos, según la cual el 69 % de los colombianos apoya un mejor marco regulatorio para estos servicios, el 77 % considera que amplían las opciones de movilidad y el 74 % reconoce que generan oportunidades de ingreso.

Prohibir, sancionar y asfixiar económicamente una realidad que ya existe no la hará desaparecer”, concluyó el gremio.