INVESTIGACION

Desde sus inicios, la Triple A mostró incongruencias en su constitución y manejo. Se entregaron unos activos en concesión sin haberlos valorizado. Su valor, Cofinorte lo estimó en $32.754 millones. Nadie dijo nada, la empresa la manejaron los gremios, a pesar de tener el

Distrito el 85% de las acciones. El desmadre comienza el 19 de septiembre de 1.996, cuando se decide entregarle a Inassa el 43.31% de las acciones, las cuales fueron pagadas con un préstamo de la Fiduciaria del Banco Ganadero. Los señores concejales de ese entonces callaron al igual que el Contralor y Personero Distrital, los gremios de la ciudad, principalmente la Cámara de Comercio de Barranquilla, a pesar de que se estaba violando un acuerdo distrital que nunca fue modificado y además nunca les llamó la atención ni siquiera por curiosidad que Inassa se constituyera horas antes de que le adjudicaran la concesión a dedo. Así apareció la empresa “Aguas de Barcelona” que ya venía actuando en Cartagena.

AGBAR se quedó con el 51% de Inassa y el resto la familia Gerlein con un grupo de sus amigos con el 49%, cuyas acciones la Triple A, estamos casi seguros, se las vendieron a precio de valor en libro.
Después vino el proceso de cambio de estatutos y capitalización de la empresa en varios periodos, lo que le permitió a Inassa incrementar su participación a niveles cercanos al 85%, debido a que el Distrito y los otros socios distintos a Inassa se negaron a invertir por falta de recursos.

En el año 2.000, AGBAR decide vender su participación del 51% la cual es comprada en su totalidad por la familia Gerlein y el grupo de sus amigos. Igualmente en la administración Caiaffa mediante un acuerdo, se modificó el porcentaje variable que se reconocía a Inassa como soporte técnico, por uno fijo del 4.5% de los ingresos brutos de la Triple A, pero se les olvidó al alcalde y concejales que al salir Inassa como operador, la empresa española se quedaba sin soporte técnico. por lo que no debían pagarle el 4.5% de los ingresos brutos de la Triple A. Todos guardaron silencio.

Un año después, en abril de 2001 se da la jugada empresarial maestra, los propietarios de Inassa constituyen una empresa en Panamá llamada “Slasa” y le venden el 75% a la empresa española Canal Isabel II a través de la firma “Extencia” por US$73 millones, con una inversión que hicieron primero de un millón de pesos para constituir la empresa, después con el préstamo de la Fiduciaria del banco Ganadero compraron las acciones de la Triple A y el 51%, lo que en carta blanca significa que compraron la empresa con la “cédula”.

Ese fue el negocio del año para la familia Gerlein y sus socios amigos. Todos aplaudían y catalogaban el hecho como una genialidad y otros estaban arrepentidos de no haber invertido en semejante negocio tan bueno.
Ninguna autoridad local, regional o nacional se le dio por investigar esas transacciones para verificar si todas se hicieron respetando nuestras leyes o si hubo fuga de capital o lavado de activos o trafico de influencia.

En el 2.004 se sienta un precedente con la denuncia impetrada por el alcalde Guillermo Honeisbergh al no estar de acuerdo con la modificación de los estatutos y la capitalización que ordeno la asamblea de accionistas, denuncia que no prosperó. También la administración Honeisbergh se opuso a reconocerles una supuesta deuda que alegaba que la Triple A le debía el Distrito, basado en un acuerdo del 2.001, que le reconocía unos subsidios del Distrito.
Pero hubo un hecho interesante, el Contralor Jorge Iglesias se atrevió por primera vez en la historia de la Triple A, de realizar una auditoria a los recursos que recibía esa empresa por subsidios pagados por los estratos 5 y 6, como del sector comercial, empresarial e institucional. En dicho ejercicio se detectaron anomalías que fueron denunciadas por el Contralor señalando que podrían significar unos $10.000 millones.

Por supuesto esta denuncia implicó la reacción del gerente de la Triple A, Ramón Navarro, quien apoyado por la Cámara de Comercio y algunos medios de comunicación, se atrevió a decir, que lo que se buscaba era chantajear a la empresa y que la auditoría aplicada no era seria. Esto llevó a detener a un funcionario de la Contraloría quien al cabo de un tiempo quedó en libertad. Pero la reacción de Navarro sirvió para neutralizar al Contralor Iglesias y quedar esta denuncia en nada, ya que el Contralor que reemplazo a Iglesias se encargó de enterrar dicha investigación.
Un hecho que paso desapercibido, no sabemos si por olvido, u omisión, fue el que la concesión de la Triple A se venció en el año 2.013, por lo que se podría colegir que a partir del vencimiento de la concesión no se debería seguir pagando el 4.5%, de asistencia técnica, porque no existe acta de los accionistas autorizando ese pago, tal como se aprobó ese porcentaje el 18 de octubre de 1.996 y después se modifica mediante un acta de acuerdo entre el gerente Francisco Olmos de la Triple A y el representante legal de Inassa Luis Nicolella, el 4 de septiembre del 2.000.
Por ultimo, es necesario saber porque en el presupuesto del Distrito NO aparece registrada ningún ingreso por parte de la Triple A de las regalías que debería pagar a partir del año 2.013.

Tampoco podemos pasar por alto que de las utilidades netas que presenta en sus estados financieros el 40% lo genera el negocio del aseo, el mas rentable de todos, de ahí la pelea por esa concesión en todo el país. La nuestra se vence el 17 de noviembre de este año, lo que le puede permitir al Distrito recuperar ese negocio que hoy esta en manos de la Triple A. Por ese negocio tampoco recibe un solo peso el Distrito.

Por ultimo pedirle a la Procuraduría y Fiscalía que investigue no solo a los que metieron mano en los estados financieros y por ende en la caja de la empresa, sino también a quienes de una forma u otra permitieron que se dieran esas anomalías empezando por los integrantes de las juntas directivas de la Triple A y de Inassa, como a los Contralores y Personeros distritales.
Esas investigaciones deben permitirle al Distrito recuperar el control y manejo de la Triple A.

Buenos Aires, marzo 27 de 2.018