COLUMNISTAS

*Representante a la Cámara por el departamento del Atlántico

Barranquilla, 29 de diciembre de 2016. A víspera de terminar el año, esta es la pregunta que muchos nos hacemos hoy no sólo en el Departamento del Atlántico sino también en la Región Caribe y el país ante el nuevo escándalo de corrupción que sacude a la compañía brasileña Odebrecht.

La situación no fuera tan complicada de no ser porque esta constructora brasileña es la dueña del 87% del consorcio Navelena, firma que ganó la licitación de Cormagdalena para llevar a cabo el contrato de las obras de recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena que incluyen: el diseño, construcción, operación, mantenimiento, financiamiento, y cuya inversión es de 2,5 billones de pesos.

Lo primero que tuvimos que padecer fue el viacrucis en cuanto al tema del cierre financiero que casi no logra acreditarse para este contrato; lo segundo, los cuestionamientos y señalamientos en casos de corrupción en los que supuestamente estaba envuelto Odebrecht y que ante los acontecimientos de estos días no queda duda en que  son ciertos. Y, por último, estamos ahora frente a una total zozobra debido a que se puede ver afectado el apoyo económico que el banco Sumimoto -de Japón- viene entregando a Navelena.

El tema del proyecto de navegabilidad del Río Magdalena creíamos que se estaba desempantanando. Sin embargo, este nuevo capítulo que empieza a escribirse en el caso Odebrecht,  pone en riesgo, otra vez, el tan anhelado deseo de ver el avance de unas obras que contribuyen significativamente al desarrollo económico y a la competitividad del país.

Es una situación compleja toda vez que se han conocido detalles de sobornos, por parte de Odebrecht, en Colombia. Por lo tanto, es nuestro deber exigir a los organismos de control mayores resultados al respecto y que se busquen  alternativas que permitan avanzar con la intención del Gobierno Nacional de recuperar esta arteria fluvial importante.

Lo que está en juego es nada más y nada menos que un proyecto de alto impacto cuyo objeto es darle vida al Río Magdalena y que generaría muchos beneficios en materia ambiental debido a que reduciría las emisiones de CO2 generadas por el transporte terrestre.

También está en juego que se suspenda el contrato en caso de comprobarse las denuncias de corrupción de Odebrecht en Colombia. Siendo ese el caso se generarían nuevos retrasos porque, tal y como lo han señalado muchos expertos en el tema, lo más probable es que se abra una nueva licitación.

Lo cierto es que la última palabra la tiene el Gobierno Nacional que será el encargado de buscar las soluciones más idóneas para no afectar ni el desarrollo ni  la competitividad de una región cuyo crecimiento no se puede truncar pese a las adversidades que se han venido presentando.