Es conocida la parsimonia del Consejo Nacional Electoral CNE sobre el masivo fraude electoral del 13 de marzo. Este organismo oficial, llamado por la Constitución Nacional  a “ejercer la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral” (art 265), no ha hecho nada que sea fundamental para erradicar de la Registraduría Nacional del Estado Civil el siniestro andamiaje montado que logró hacer ese fraude.

Llamado a “efectuar el escrutinio general de toda votación nacional”, el CNE tampoco ha hecho nada esencial para explicar por qué el escrutinio de la votación del 13 de marzo fue violado, transgredido y enredado hasta el punto de que hoy la ciudadanía no sabe qué ocurrió. El 1 de mayo pasado, el ex ministro y periodista Juan Lozano confirmaba esto al lanzar en un artículo estas preguntas: “¿En cuántas mesas hubo error? ¿A qué se debieron los errores? ¿Cuántas curules ganó Petro? ¿Cuántas curules perdieron los otros partidos? ¿Cuántos votos le aparecieron al Pacto Histórico? ¿Cuántos votos les aparecieron a los otros partidos? ¿Es verdad que estamos frente al más grande desfase de la historia entre el preconteo y el escrutinio?”.

Cincuenta y seis días después del 13 de marzo, no hay una sola respuesta seria del CNE sobre eso. Obviamente, tampoco el registrador nacional Alexander Vega ha dado una sola explicación al respecto. ¿Cómo es posible que esto ocurra sin que el CNE y los partidos todos –menos uno, el que se benefició con ese fraude–, declaren  formalmente que no existen condiciones para una genuina elección presidencial el 29 de mayo si los organismos de control no extraen antes el tumor maligno que mina el actual sistema electoral colombiano.

¿Por qué esa actitud indolente del CNE?

No hay que buscar muy lejos. ¿La interferencia anida dentro del mismo CNE? Luis Guillermo Pérez Casas, uno de los nueve miembros del Consejo Nacional Electoral, es un compañero de ruta del Pacto Histórico.

Ex presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Luis Guillermo Pérez fue directivo hace unos años de la FIDH, una Ong francesa que suele abstenerse de criticar las atrocidades de las guerrillas comunistas en Colombia y que practica un sectarismo exacerbado contras las autoridades elegidas de Colombia.

Para hacer olvidar esa parte de su currículo, Luis Guillermo Pérez enmarca esa vieja relación como un pecadillo de juventud. Sin embargo, todo indica que sus opiniones sobre Colombia, a pesar de haber pasado él de la oposición más férrea al Estado colombiano, a ser una parte de ese mismo Estado,  siguen siendo escandalosas.

En días pasados, Luis Guillermo Pérez, en compañía del abogado Alirio Uribe Muñoz, un dirigente del partido de Iván Cepeda y miembro del Pacto Histórico petrista, dio unas declaraciones para una hoja confidencial marxista belga (1). Allí Luis Guillermo Pérez lanza las peores acusaciones contra el país. Según él, “la democracia colombiana ha estado plagada de violencia contra líderes sociales, contra defensores de derechos humanos, contra ex integrantes de las FARC reincorporados a la vida civil”. Pérez no dice  que son las Farc y el Eln y los otros narcos locales y extranjeros quienes cometen esos crímenes y que la fuerza pública paga con sangre su lucha contra ese flagelo. Él dice otra cosa: que “más de 1.300 líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados [por esa democracia] desde la firma del acuerdo de paz en agosto de 2016”.

El miembro del CNE acepta que el 13 de marzo pasado hubo un fraude electoral pero su explicación también cojea. Según él ese fraude fue hecho mediante la “compra masiva de votos”, robo de votos que tuvo, según Pérez, un triple origen: el gobierno, las multinacionales y el narcotráfico. Lo dice así: “Este robo de votos se hace con dinero del narcotráfico, dinero de los contratos estatales, dinero de las multinacionales preocupadas por mantener el statu quo de sus intereses económicos”.

El ilustre miembro del CNE, reitera que el culpable mayor es “el Estado”, léase el gobierno actual. Lo formula así: “Hay sanciones penales, pero no hay voluntad política del Estado para prevenir de manera efectiva este tipo de delitos, tanto para los que compran el voto como para los que lo venden…”

Quien difama de esa manera al Estado es a su vez un miembro de ese Estado. ¿Qué hace Pérez devengando sueldo de un organismo que hace parte de un Estado criminal? ¿Por qué Pérez no ha renunciado?

“Este proceso [robo de votos] ha recibido la mayor observación internacional en la historia del país, comenzando con una misión de observación completa de la Unión Europea. Muchas organizaciones internacionales han sido acreditadas para participar en este proceso electoral. Muchos de ellos confirmaron un problema masivo que no ha sido resuelto y sigue siendo un problema muy grave en la democracia colombiana.”

¿Quién puede admitir que Pérez, un servidor público de dedicación exclusiva, se exprese de esa manera y no haya denunciado en Colombia, ante las autoridades competentes, lo que él denuncia en Bélgica?  ¿Qué juego es ese?

No es todo. Hay cosas peores. En esa entrevista, Alirio Uribe calumnió al presidente Iván Duque: “La derecha dirigida por el presidente Iván Duque dirige un gobierno que ataca al pueblo”. El gobierno de Duque “agrava la guerra, la pobreza, las desigualdades, agrava la catástrofe climática y no respeta los acuerdos de paz firmadas en 2016 con las Farc”, agregó.

Ese salpicón de mentiras fue seguido de otras no menos jocosas: Alirio Uribe estima que el gobierno de Duque “reaccionó mal ante la pandemia [del Covid]” y que  “el gobierno es más peligroso que la pandemia”. Luis Guillermo Pérez, por su parte,  convalidó cada una de esas frases. En la entrevista no aparece allí una sola objeción de Pérez.

Sobre el escrutinio del 13 de marzo,  Pérez y Alirio Uribe evitaron todo lo relacionado con el cambiazo de votos que tiene enardecida a Colombia. Ni una palabra acerca del hecho de que el Pacto Histórico recibió, por orden del Registrador Alexander Vega, un enorme regalito de votos que les permitió pasar de 18 a 20 senadores. Para hacer eso, Vega le quitó a dos partidos de gobierno dos senadores. De semejante movida los dos amigos no dijeron nada. En cambio, utilizaron la entrevista para elogiar los paros armados de los últimos años causantes de centenares de muertos, heridos y mutilados. Para Alirio Uribe y para el brillante miembro del CNE, eso fue una simple “dinámica popular” que le permitió a “la izquierda auténtica” obtener unos “resultados electorales”. Parece escandaloso que un miembro del CNE legitime de esa manera la violencia masiva.

Esas jornadas no fueron violentas, adujo Alirio Uribe. La más reciente fue un  “movimiento [que] desembocó en una huelga general de dos meses”, fue una “revuelta pasiva y popular que explotó en todo el país”. ¿Y en qué se diferenció Pérez, miembro del CNE? En nada. El funcionario validó todo lo dicho en esa entrevista. No objetó ninguna de las afirmaciones asombrosas de su camarada Alirio Uribe.

Pregunta: ante tal estado de cosas ¿qué esperanza podemos tener los ciudadanos de que el CNE pueda organizar una impecable elección presidencial el próximo 29 de mayo?