CONGRESO, JUSTICIA

Barranquilla, 11 de julio de 2017.- Un Proyecto del expresidente Álvaro Uribe Vélez les aliviaría la situación a Militares y Policías a quienes el Gobierno de Juan Manuel Santos con el Acuerdo con las Farc, los estaría sometiendo y nivelándolos con las Farc, información que siempre denunciaron el ex mandatario y algunos sectores con resonancia en las Fuerzas Armadas además de las organizaciones del sector como Acore, y aunque lo advirtieron nunca el Gobierno les corrigió denuncian.

Por otro lado el presidente de Acore, general Jaime Ruíz Barrera, durante su intervención ante la Corte Constitucional en la audiencia pública, del acto legislativo 01 2017, donde volvió a exigir mayor seguridad jurídica y su rechazo a la Justicia Especial de Paz, así se lo manifestó a la Sala Plena de la Corte Constitucional durante la audiencia en la que recordó lo antes dicho en diferentes ocasiones que los militares de la institucionalidad no pueden ser sometidos por la Jurisdicción Especial para la Paz colocándolos en el mismo saco que a los guerrilleros de las Farc, debido a mientras unos actuaron para la institucionalidad, los guerrilleros de las Farc, atacaban a esa institucionalidad.

El oficial en retiro aseguró que la Fuerza Pública actuó en defensa de la seguridad nacional y la soberanía del Estado sus funciones constitucionales y legales fueron en defensa del Estado y contra los grupos de bacrim al igual que tanto paramilitares como las guerrillas principalmente las Farc. Denunció también que  la extrema izquierda actúa permanentemente en contra de los miembros de la Fuerza Publica emprendiendo una “guerra jurídica” por que los quieren procesar con el mayor rigor, sometiéndolos a la justicia penal internacional”. Afirmó que “Como no pudieron derrotarlos en el campo de batalla, ala emprenden jurídicamente.

Respecto de lo denunciado por el militar en retiro, el Ex Presidente  Álvaro Uribe, manifestó que ante el anuncio de que los militares de la democracia serán sacrificados a la cárcel por la Corte Penal internacional, donde deberían estar son los cabecillas de las Farc, cobra vigencia la propuesta que consiste en cuatro aspectos básicos:

1. Sustraer a los integrantes de las FFAA y a los civiles de la justicia de Farc, JEP;

2. Crear una sala temporal, en la Corte Suprema, para examinar las acusaciones contra policías y militares por hechos supuestos cometidos dentro de las fechas que se determinen;

3. Crear también la segunda instancia retroactiva, o una instancia especial,  que permita buscar reivindicar la reputación de policías y soldados que por los hechos que se refieran hubieran sido condenados;

4. Conceder libertad condicionada a los 5 años.

Afirma Uribe que la única posibilidad que Gobierno y Farc, les dan es el “reconocimiento de delitos no cometidos para que la Justicia del Terrorismo no los lleve a la cárcel”.

El general Barrera, adicionalmente denunció ante la Corte Constitucional durante su exposición en la audiencia la cifra de 15 miembros de la Fuerza Pública investigados a quienes solicitó que “se les garantice el debido proceso y el derecho a la defensa”. Añadió que “Todo ataque se decía que era un falso positivo. Quedaron muchos vacíos respecto de “las acciones de los militares y policías”, durante todo el tiempo en que las Farc arremetió contra el Estado la FFAA y la sociedad civil, así se lo hizo saber a la Constitucional.

El general Barrera denunció también la incongruencia cuando se habla de la responsabilidad en la línea de mando. Y recordó que las Fuerzas Armadas de Colombia nunca fueron “una organización criminal, sino una organización del Estado, muy responsable”.

Por otra parte, militares no solo elevaron sus quejas ante la Corte Constitucional sino también algunos iniciaron este lunes una huelga de hambre dentro de su sitio de reclusión en Cali, en la que denuncian situación discriminatoria a la que están siendo sometidos, así se lo hicieron saber al coronel Mauricio Lizarazo Barrera por las inconsistencias en la aplicación de la ley 1820 debido a la falta de equilibrio en el tratamiento penal especial diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y simultáneo para los agentes del Estado.

Afirman que habiendo enviado los documentos exigidos desde hace más de un mes para solicitar su derecho, firmando además un documento de compromiso ante la Secretaría de la JEP, quien señala que le dio el tramite respectivo a esa documentación, no obstante al oficiar al juzgado este manifiesta no haber recibido nada.

Denuncian que respecto de los agentes del Estado el tratamiento penal especial diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y simultáneo no se está cumpliendo, porque mientras a los miembros de las Farc les han dado cumplimiento para que más de 1.248 combatientes hayan sido atendidos y de inmediato hayan recuperado su libertad, de los tantos presos miembros de la Fuerza Pública solo 220 hayan recibido el supuesto beneficio en que terminaron nivelados.