Barranquilla, 4 de enero de 2023.- La Procuraduría General de la Nación informó este lunes, 2 de enero, que desde la firma del acuerdo de paz, hace seis años, 8.246 niños y adolescentes han sido reclutados forzadamente por grupos armados ilegales, por lo que solicitó al Gobierno a tomar medidas para combatir ese delito.

Según la procuradora delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, Ceneida López, los menores de edad “siguen siendo víctimas del reclutamiento forzado por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial”.

La funcionaria añadió que después de la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016, el reclutamiento forzado sigue y, por lo tanto, “atender esta situación es prioritario dentro del contexto de construcción de paz”.

De acuerdo con las cifras de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, a la fecha hay reportados 8.246 menores “víctimas de ese delito (reclutamiento forzado) en el país”. El Ministerio Público señaló, con base en las mismas cifras, que los departamentos más afectados por el reclutamiento de menores son Antioquia, con 1.428 casos; Cauca (604; Meta (541); Caquetá (533); Nariño (486), y Chocó (429).

En consecuencia, la Procuraduría advirtió a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, así como al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a las gobernaciones de Chocó y Valle del Cauca para que adopten las medidas pertinentes para prevenir y combatir este flagelo y así proteger a los menores.

Caso 07 de la JEP

En agosto de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas – SRVR – encontró un universo de 18.677 víctimas únicas, que constituyen una cifra provisional de hechos del Caso 07, como resultado de un ejercicio preliminar de contrastación sobre el reclutamiento y utilización presuntamente cometido por las extintas Farc-EP.

Para hacer visibles a las víctimas que por distintas razones nunca pudieron denunciar, la Sala también realizó un ejercicio de estimación de los hechos que a pesar de que ocurrieron no fueron registrados. Así, identificó que solo para el periodo de 1996 a 2016, el total estimado de víctimas se ubica entre 19.253 y 23.811 niños y niñas que fueron reclutadas.

Este panorama, sumado a la información presentada por 470 víctimas acreditadas, permitió a la Sala definir el camino a seguir en el Caso 07.

De acuerdo con la información recabada, 48% de los hechos de reclutamiento y utilización de niñas y niños, se asocia a la acción del Bloque Oriental de las antiguas Farc-EP. Este bloque, que operó en Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés, es la estructura con mayor número de victimizaciones asociadas. Le siguen los antiguos bloques Noroccidental, Occidental, Comando Conjunto Central, Magdalena Medio y Caribe. Por ello, la Sala decidió priorizar territorialmente la investigación.

Dadas las características de estos departamentos, en donde se encuentran localizados 166 resguardos de 60 pueblos indígenas, la Sala indaga de forma específica por el impacto diferencial que el reclutamiento y utilización de niños y niñas tuvo sobre pueblos étnicos y procura su participación en las versiones que se realizan.

Con información de la Oficina de Prensa de la Procuraduría General de la Nación