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Barranquilla, 30 de julio de 2024.- La Unidad Nacional de Protección UNP se encuentra en el ojo del huracán tras la revelación de que camionetas de la entidad fueron utilizadas para transportar disidentes de las FARC con órdenes de captura vigentes. En respuesta a este grave incidente, la Procuraduría inició una inspección disciplinaria para esclarecer qué servidores públicos incumplieron las normativas, manuales y protocolos reguladores de los esquemas de protección colectiva.

Durante la inspección, el Ministerio Público recopiló pruebas documentales que serán fundamentales para determinar el grado de implicación de los agentes de protección involucrados. Este proceso se desencadenó después de que una caravana de vehículos, que incluía camionetas de la UNP, fuera detenida en un retén militar en las cercanías de Bello, Antioquia. En el interior de los vehículos se encontraron armas de fuego, municiones y dinero, entre otros elementos.

La directora nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, Lucila Mercedes Vidal Luque, subrayó que, aunque el esquema de protección era aparentemente prestado por terceros, no se descartará una revisión exhaustiva de los procesos de contratación y de los manuales de funciones de los involucrados.

La Procuraduría advirtió que el caso podría llevar a la identificación de conductas disciplinarias graves, que podrían involucrar a servidores públicos de alto nivel y otros empleados. En este sentido, se ha anunciado una inspección adicional a las oficinas de la Alta Consejería para la Paz y a la Unidad Militar del municipio de Bello para completar la investigación.

Este escándalo puso en evidencia posibles fallos graves en la gestión y supervisión de la UNP durante el gobierno de Gustavo Petro, generando una situación de gran preocupación tanto a nivel institucional como en la opinión pública.