COLUMNISTAS

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Según informes de inteligencia, en los últimos tres años, Colombia ha sido testigo de una dolorosa cifra que debería estremecer a cualquier sociedad que se ufane de ser una democracia. Al menos 437 policías y militares han sido asesinados entre 2022 y 2025.

Son hombres y mujeres que vestían el uniforme de la patria y se encontraban sirviéndole a nuestra sociedad en todo lo que tiene que ver con la seguridad, que algún día juraron bandera para protegernos, y cayeron bajo las balas de los grupos narcoterroristas del Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN.

El dato es tan frio como brutal. Pero además detrás de cada numero hay una historia dolorosa y truncada: Una familia rota, unos hijos que se quedan sin padres, unos padres que nunca verán regresar a sus hijos del servicio.

Son vidas humanas sacrificadas en medio de la violencia y la indolencia del gobierno nacional. Mientras esto ocurre y se profundiza, la respuesta del Gobierno nacional ha sido equivocada, indolente e indiferente.

En 2022 el llamado “plan pistola” del Clan del Golfo cobro mas de 30 policías que fueron asesinados mediante un ofrecimiento de los bandidos colocándole precio a sus cabezas. En 2023 esa cifra se redujo, pero en 2024 y en lo corrido de 2025 los asesinatos se dispararon de nuevo alcanzando 133 uniformados asesinados en solo ocho meses de este año.

¿Que ha hecho el Gobierno? Discursos incendiarios, arengas, incitación a la violencia, quitar la seguridad a muchos de ellos, debilitar la inteligencia, negociaciones con criminales y asesinos sin rumbo, que solo han servido para oxigenar a los grupos ilegales, que para garantizar la vida de quienes se enfrentan a ellos en el terreno.

En el gobierno Petro, cada año, han asesinado en promedio 145 policías y militares, en calles y barrios, a mansalva, emboscados por sicarios a ordenes de los grupos violentos.

Nuestros policías y militares no son instrumentos desechables, señor presidente Petro. Son, repito, servidores públicos que merecen respeto, protección y respaldo irrestricto del Estado.

No es aceptable que se les envíe a zonas dominadas por estructuras narcoterroristas sin garantías, sin inteligencia operativa suficiente, sin apoyo tecnológico ni jurídico. Asombrado, el pais asiste a los homenajes póstumos, mientras sus jefes de alto rango, permanecen en los escritorios y clubes militares en Bogotá y capitales del pais diseñando políticas que desmoralizan a la tropa y les da ventaja a los violentos.

La paz, se construye dándole garantías a nuestra fuerza pública, protegiendo a quienes día a día se juegan la vida por nosotros.

El sacrifico de mas de 430 uniformados en 36 meses (12 mensualmente) debería ser un campanazo de alerta para exigir resultados, al menos para replantear, de manera seria, una estrategia de seguridad nacional.

Ud., presidente Gustavo Petro y sus ministros de defensa, de justicia y fiscales tendrán que rendir cuentas, más temprano que tarde, por esos asesinatos, todos fuera de combate. Julio Bahamon.