COLUMNISTAS

Desde hace ya 10 dias se lleva a cabo un paro de los cultivadores de arroz en el pais a raíz de la desatención, por parte del gobierno, a los reclamos que vienen haciéndole al ministerio de agricultura de tiempo atrás. Como todo lo que ocurre con este gobierno, al presidente de la republica le importa menos que un comino lo que les suceda a los pequeños agricultores, y hombres del campo. Las alertas tempranas le resbalan a Gustavo Petro y a su carnal Benedetti.

¿Qué es lo que están reclamando los agricultores del pais? Control de los costos de los insumos y revisión de los precios de compra del arroz paddy, porque la diferencia en costos de producción y ventas del producto, los esta llevando a la quiebra, en el entendido de que la carga de 125 kilos de arroz paddy que se estaba vendiendo en $230.000 pesos, hoy se vende a $185.000 pesos, ocasionándoles pérdidas superiores a los $2.000.000 millones de pesos por hectárea cultivada. Las perdidas implican un desgano de los cultivadores, a la economía nacional.
Los bloqueos en regiones como el Huila, Meta, Tolima, Casanare, Norte de Santander, Santander, Bolívar, César y demás áreas en donde se cultiva el cereal tiene, desde luego, su justificación.

¿Que está proponiendo el gobierno para solucionar la situación? Con una ministra Gomela sin ninguna experiencia en el sector agrario, al gobierno poco o nada le interesa la quiebra de los arroceros, y por esa razón lo que propone no colma para nada las exigencias justificadas de los arroceros del pais. Los paquetes de ayudas son meros paliativos que no resuelven el problema. Las medidas oficiales incluyen diversas líneas de créditos con escasos fondos que no alcanzan a mitigar la grave situación y la penuria de los cultivadores de arroz, que como despectivamente los califica Gustavo Petro: “son terratenientes”. O sea, señores arroceros que Uds., a Gustavo Petro no les importan.

Los montos ofrecidos por el gobierno son limitados frente a la deuda total. La accesibilidad a los créditos esta sometida a una altísima burocracia y a falta de información. Se corre el peligro de que los fondos no lleguen a quienes realmente los necesitan y si eso ocurre el impacto será limitado.

Si el gobierno no interviene los costos de producción (insumos, arriendos y transporte) seguirán subiendo. Si no hay estabilización de precios o reducción de costos estructurales, los pocos créditos solamente alcanzaran para aplazar el problema, sin solucionarlo.

En 1.994, con más de 400.000 firmas de campesinos le dimos vida a la ley 132 de financiamiento agropecuario, FONSA, diseñado para ayudar a campesinos encartados con sus deudas, y su función principal es facilitar la condonación o reestructuración de deudas del sector, la pregunta es: ¿Por qué el gobierno no nutre este fondo con un porcentaje del IVA como lo permite la norma?, y les ayuda no solamente a los arroceros sino a todos los cultivadores del sector agropecuario? Herramientas legales existen. Voluntad política esta en veremos. Julio Bahamón.