COLUMNISTAS

El abogado Juan Manuel Charry Urueña no es partidario de que el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, sea objeto de una investigación y/o de una destitución eventual por los graves hechos que ocurrieron durante las votaciones del pasado 13 de marzo.

En un artículo de opinión de hace tres días, publicado por la revista Semana, el doctor Charry  sugiere que para erradicar el fraude electoral no hay que molestar a Alexander Vega. Separarlo del cargo es, para él, lanzar “propuestas peregrinas”. El reitera que “no conviene arrojar más sombras de duda sobre la Registraduría”.

Para argumentar de esa manera el ex procurador auxiliar comienza por reducir a polvo lo ocurrido en las elecciones legislativas. En lugar de denunciar los incidentes del 13 de marzo como un fraude electoral de inmensos alcances –en resonancia con lo que piensan miles de colombianos e incluso algunas autoridades y notables editorialistas–, él habla de  “irregularidades” y “errores”.

Sin embargo, Juan Manuel Charry admite en su columna que el Registrador Vega “no ha ofrecido, como debiera, las explicaciones oportunas y suficientes que permitan entender y corregir las irregularidades de las pasadas elecciones legislativas, así como tampoco ha contribuido a construir una mayor credibilidad de su gestión como organizador y garante de las próximas elecciones presidenciales”.

Son acusaciones ciertas pero incompletas. Vega es el que exclamaba en octubre pasado que “Al que no le guste que se abra”, es decir que quien teme que no habrá pureza electoral en 2022  no debería ser candidato, es el mismo que dice hoy que en marzo no hubo fraude sino “errores” causados por “factores externos”.  Vega no cometió “errores” sino  faltas graves tanto en la organización previa de esa elección, como en la compra de equipo técnico de Indra para hacer el escrutinio crucial, y en la destitución masiva de registradores regionales y municipales en 2020 para poner sus fichas políticas (1),  así como en la fase del conteo y escrutinio de los votos. Han pasado 25 días  y el país, en efecto, no conoce todavía las cifras definitivas de esa elección y no sabe cómo será la composición exacta tanto del Senado como de la Cámara de Representantes.

Colombia no sabe todavía cómo y por qué en la madrugada del 14 de marzo apareció un paquete de cerca de medio millón de votos que habría sido escamoteado desde las 4 de la tarde del día anterior y por qué tal reaparición de votos benefició únicamente a la coalición que dirige Gustavo Petro y por qué, inflexiblemente, ese medio millón de sufragios fue restado de los resultados de tres partidos, entre ellos el Centro Democrático y el Partido Conservador, dos formaciones adversarias de Petro.

Sin ver lo que ocurrió el 13 de marzo, el jurista Charry escribe: “(…) no es posible separar al registrador Vega de las próximas elecciones presidenciales, como tampoco nombrar un registrador ad-hoc, sin que se adelante el correspondiente proceso disciplinario o judicial que culmine con destitución del cargo”. Más adelante exhorta: “En las actuales circunstancias de confrontación política, no conviene arrojar más sombras de duda sobre la Registraduría ni presagiar fraudes históricos, lo que corresponde es fortalecer las instituciones, aumentar su credibilidad y tramitar cualquier reclamación o insatisfacción por los procedimientos legales.”

Pero nadie “presagia”, ni profetiza, ni vaticina “fraudes históricos”. El fraude es un hecho. Ya fue cometido. Está ahí, desnudo, patético, patibulario, delante de todos, aunque algunos no lo quieran ver. Ciertas pruebas del fraude, no todas las pruebas, han sido ventiladas por los partidos perjudicados, por organismos de control, por la prensa y por miles de electores. Por eso la Procuradora Margarita Cabello abrió una investigación y por ello el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, pide el nombramiento de un Registrador ad hoc que instaure medidas reales que den plenas garantías para la elección presidencial. En estos días nadie confía en los métodos de Vega para evitar un masivo fraude electoral en mayo/junio.

Para entender la lógica de Charry, experto en derecho constitucional,  podemos acudir a una comparación sencilla. Si admitimos que la Registraduría bajo la batuta de Alexander Vega es un paciente enfermo que debe ser operado, la conclusión de Charry es esta: no se puede operar al paciente pues operarlo supone implementar el correspondiente tratamiento contra la enfermedad que hizo necesaria esa cirugía. Según Charry, decidir la cirugía no es aconsejable pues  eso “genera incertidumbre”, y más vale sofocar la incertidumbre que erradicar la enfermedad.

Otra deducción del jurista Charry:  “La organización electoral ha demostrado en el pasado su capacidad profesional y técnica para adelantar las elecciones, en este caso, se trata de identificar y corregir los errores, de que se ofrezcan garantías y posibilidades de observación de todo el proceso electoral y de prevenir actos de corrupción en cualquiera de sus etapas”. Explicación: como en el pasado la Registraduría demostró ser capaz de realizar un trabajo correcto, dentro de un mes la Registraduría, sin que alguien realice los correctivos necesarios, demostrará de nuevo ser correcta. ¿Por qué? Porque el futuro, según él, es una simple prolongación del pasado. ¿Lógica que cojea o intento de  preservar el fraude?

Fortalecer las instituciones no supone dejar en los mandos a funcionarios que obran mal y que persisten en operaciones de parcialidad partidista poniendo en peligro los equilibrios estratégicos del país. Para fortalecer las instituciones hay que restaurar el imperio tanto de la ley como de la justicia y depurar las instituciones de funcionarios que se ríen de tales barreras.