GOBIERNO, JUSTICIA

El objetivo es supervisar las acciones correctivas implementadas por los actores del sector para mitigar riesgos en la sostenibilidad y cobertura de los servicios públicos de energía y gas.

Valledupar, 12 de mayo de 2025.- La Contraloría y la Procuraduría conformaron una comisión especial para supervisar acciones correctivas en el sector energético, tras citar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y exigir información sobre la intervención de AIR-E y el control de subsidios, en un contexto de creciente preocupación por la sostenibilidad del servicio y el impacto en los estratos más vulnerables como han advertido varios dirigentes gremiales del sector.

Esta iniciativa surge ante la acumulación de una deuda estatal que alcanza los $7,6 billones en subsidios y pagos pendientes. La comisión, que inició labores convocando a una mesa de trabajo con el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Libardo Yanod Márquez, se enfocará en el monitoreo de la prestación de estos servicios esenciales.

Según datos del Comité Intergremial de Energía y Gas, la deuda se distribuye en $2,7 billones por subsidios de energía eléctrica, $3,3 billones por opción tarifaria, $1 billón de usuarios oficiales y $628 mil millones en subsidios de gas combustible.

En el marco de la Circular Conjunta No. 006 de 2025, la Contraloría y la Procuraduría solicitaron a la Superintendencia información detallada sobre la empresa intervenida AIR-E, incluyendo los recursos del Fondo Empresarial y las garantías exigidas para los préstamos otorgados.

También por medio de ese mismo oficio, se requirió precisar los mecanismos de control sobre los subsidios y la confiabilidad de la información reportada en el Sistema Único de Información (SUI).

El Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió que la demora en los giros de subsidios representa un riesgo sistémico que podría afectar la calidad de vida de los estratos 1, 2 y 3. Además, subrayó la importancia de agilizar las acciones correctivas para garantizar la sostenibilidad fiscal y la continuidad del servicio.

“Nuestro deber como entes de control y nuestro compromiso con la ciudadanía nos lleva a trabajar articuladamente para contribuir no solo en el seguimiento y control de los asuntos relevantes para el país, sino desde nuestras competencias aportar a las soluciones oportunas a las coyunturas que lo requieran, más cuando la seguridad energética del país está en riesgo”, puntualizó el contralor.