JUSTICIA

Barranquilla, 1 de septiembre de 2017.- Aunque llegaron a cumplir su cita este jueves en las horas de la tarde en que fueron citados por el magistrado Luis Hernández, ponente de la investigación a partir de la 1:30 de la tarde Leonardo Pinilla Gómez, y a las 3:30 de la tarde su socio Luis Gustavo Moreno Rivera, sin embargo la diligencia no se cumplió. Se trata del proceso en el que el senador Musa Besaile denunció que fue extorsionado por 2 mil millones de pesos por cuenta de Moreno en una presunta red de corrupción de la Justicia en la que registran como presuntos cabecillas, los magistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. No obstante que tanto Moreno y Pinilla y el senador Besaile estuvieron en la Sala, cara a cara pero no rebelaron una sola palabra.

Los abogados que serían interrogados sobre las presuntas extorsiones que le habrían hecho al senador Musa Besaile, por 6 mil millones, y que terminó pagando 2 mil millones de pesos, para que le frenaran una presunta orden de captura, que al final no existió, no hablaron .

Los abogados Moreno y Pinilla, guardaron rotundo silencio dentro del proceso de colaboración, sin embargo el proceso continúa. También había dicho Moreno que espera encontrar un abogado de confianza. Y en el caso de Besaile continúa su interrogatorio el próximo martes.

Así mismo se encuentran los abogados vinculados a otros procesos referentes a la presunta red de corrupción, en la que también habría participado el magistrado, Camilo Tarquino, Gustavo Malo, Patricia, Salazar, Eyder Patiño, y entre los clientes extorsionados y que también habrían gozado de impunidad, se encuentran los senadores Hernán Andrade quien presuntamente hizo uso de los servicios de soborno extorsión para no ser condenado en el caso sobre los bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que también al senador Álvaro Asthon Giraldo en las mismas o peores circuntancias. Los dos fueron nombrados en los audios de la DEA.

Por otro lado, los abogados tienen otro testigo que los señala del mismo delito, es el ex senador Julio Manzur Abdala, quien lo denunció este miércoles, además como lo atestiguó su hijo Wadid Manzur quien este próximo lunes 4 de septiembre en que fue citado deberá ratificarse.

Se encuentran entonces con tres nuevos testigos, en su contra los abogados Pinilla y Moreno, el ex senador Julio Manzur y su hijo, y el del senador Musa Besaile. Además de otros testigos como la ex contralora Sandra Morelli, quien afirmó este miércoles que a ella también se le acercaron para extorsionarla, en el caso en que tuvo que irse del país, al ser vilmente objeto de una persecución por parte del ex Fiscal Luis Eduardo Montealegre.

Los abogados deberán también aclarar y o ampliar sobre las grabaciones enviadas por la DEA a Colombia, así como deberán hablar sobre sus compinches, el costosísimo ex magistrados Leonidas Bustos que “no se arriesgaba por tan poco dinero” y Francisco Ricaurte, y el caso del ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus, al igual que de la red de corrupción y extorsión dentro de los entes de Justicia, en los que también estaría conectado el ex fiscal Luis Eduardo Montealegre de quien fue su asesor.

Recordemos que solo desde octubre de 2016 fue nombraron Luis Gustavo Moreno en la Fiscalía bajo la administración de Néstor Humberto Martínez, como fiscal Anticorrupción. Pero ya antes había pasado por la Fiscalía como asesor del ex fiscal Luis Eduardo Montealegre, además de haber asesorado a la Comisión de Acusaciones y de haber venido negociando los procesos con sobornos y extorsiones de algunos magistrados de la Corte.

En los audios que entregó la DEA, y que en parte rebeló algunas transcripciones de los mismos, Caracol Radio este jueves, se encuentran comprometidos los nombres de otros senadores que ya se habían anunciado, como el senador Álvaro Asthon, el ex senador Luis Alfredo Ramos. Germán Olano, y José Alfredo Gnecco, entre otros personajes.

Cabe destacar que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, advirtió en un comunicado, una vez envió las pruebas a Colombia que quien filtrara estas pruebas, violaba el Código Penal de la Justicia Federal, por lo que tendría que vérselas con las autoridades del país del norte.