NACIONALES, ORDEN PÚBLICO

Este dato oficial modificó la versión oficial entregada tras el bombardeo en Norte de Santander y abrió cuestionamientos sobre los mecanismos de verificación aplicados por el Gobierno antes del ataque.

La Defensoría del Pueblo  pidió que los procesos de levantamiento e identificación de víctimas se realicen con garantías de independencia y respeto al Derecho Internacional Humanitario.

Valledupar, 8 de febrero de 2026. El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó oficialmente que un menor de edad murió durante una operación militar ejecutada por la Fuerza Pública en la región del Catatumbo, Norte de Santander. La información técnica contradice la verificación previa anunciada por el Gobierno sobre la ausencia de menores en el área objetivo.

A través del Comunicado 013, la entidad forense informó que el 4 de febrero ingresaron a su sede en Cúcuta “los cuerpos de 7 personas (3 mujeres, 4 hombres) fallecidas en hechos relacionados con las operaciones militares en la región del Catatumbo”, según el reporte divulgado por la institución científica nacional.

Dentro de esa misma comunicación oficial, Medicina Legal precisó que “se han identificado 5 cuerpos, que ya fueron entregados a sus familiares. Uno de ellos corresponde a un menor de edad”. Los dos cadáveres restantes continúan en proceso de identificación mediante exámenes técnicos y cotejos especializados adelantados por el instituto.

Este reporte se conoce pocos días después de que el presidente Gustavo Petro defendiera públicamente el bombardeo. En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario afirmó: “He ordenado un catorceavo bombardeo de la fuerza pública en mi gobierno, esta vez en el Catatumbo. Hemos investigado, hasta donde es posible, la no presencia de menores”.

En esa declaración, el jefe de Estado aseguró que en la acción militar “siete miembros del ELN han muerto, un capturado y 12 fusiles han sido recuperados”. No obstante, el informe forense establece que entre los fallecidos se encuentra un menor de edad, hecho que no fue advertido por las autoridades antes del ataque.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, contradiciendo la opinión del Ejecutivo, emitió un pronunciamiento detallando los impactos humanitarios del operativo. El organismo señaló que “la Fuerza Pública adelantó operaciones en zona rural del municipio de El Tarra que se habrían dirigido en contra del ELN y habrían causado la muerte de varias personas”.

La comunicación de la Defensoría recordó con bastante énfasis que “aún en las acciones legítimas de uso de la fuerza del Estado se deben adoptar todas las medidas de conducción de hostilidades”. Además, advirtió que era previsible que la operación generara temor y riesgos para la población civil asentada en ese territorio del país.

Como parte de su informe, la entidad reveló que, durante la madrugada de ese día, varias familias se resguardaron en un colegio cercano por razones de seguridad. En el mismo comunicado indicó que “estos hechos podrían derivar en desplazamientos forzados y situaciones de confinamiento”, lo que exige una respuesta inmediata del Estado.

Por tal motivo, la Defensoría solicitó “asegurar que el levantamiento e identificación de cadáveres se realice por autoridades competentes e independientes, con garantías de preservación de la escena, cadena de custodia y respeto a la dignidad humana”, conforme a los estándares aplicables del derecho internacional humanitario vigente.

Mientras avanzan esos procedimientos, Medicina Legal informó que continuará desarrollando las labores forenses y que seguirá comunicando el avance de los resultados técnicos pendientes. Hasta ahora, ninguna autoridad ha entregado información adicional sobre las circunstancias específicas del operativo que terminó con la muerte del menor confirmada oficialmente.