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Los viáticos alcanzaban hasta 14 salarios mínimos diarios, sin justificación ni control.

El organismo de control advierte que la autonomía indígena no exime del cumplimiento de la ley y que un poco más de 400.000 usuarios están a punto de quedar sin atención en salud.

Valledupar, 14 de julio de 2025. La Contraloría General de la República estableció un hallazgo fiscal con presunta incidencia disciplinaria por más de $1.466 millones, luego de detectar pagos irregulares a miembros de la Junta Directiva de la EPS Indígena Mallamás, con cargo a recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Según el organismo de control, los pagos fueron autorizados directamente por el gerente general de la entidad y cubrían viáticos de hasta 14 salarios mínimos legales diarios vigentes por día, incluso para actividades ajenas a las funciones de la Junta Directiva.

Esta auditoría fue realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Salud durante el primer semestre de 2025, como parte del Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal. Los estatutos internos de la EPS-I prohíben expresamente cualquier tipo de remuneración a los miembros de su junta, salvo cuando estén relacionadas con el objeto social.

Sin embargo, las erogaciones no contaron con soportes suficientes que acreditaran necesidad, pertinencia ni resultados. Tampoco se evidenciaron mecanismos internos de control, límites ni políticas que garantizaran el buen uso de los fondos públicos.

La Contraloría recordó que la autonomía indígena —aunque protegida por la Constitución y tratados internacionales— no exime a las entidades indígenas de cumplir con las leyes cuando administran recursos públicos. En este caso, se vulneró la destinación específica de los dineros del sistema de salud, que deben garantizar exclusivamente el acceso a servicios para poblaciones vulnerables.

Adicionalmente, el ente de control advirtió un riesgo crítico para la sostenibilidad financiera de Mallamás EPS-I, que adeuda más de $302.000 millones a prestadores de servicios de salud y no cumple con el indicador de patrimonio adecuado. Esta situación compromete la atención de sus 410.833 afiliados, cuya garantía de acceso a servicios básicos se encuentra hoy en entredicho.

Finalmente, la nota de prensa que informa de la situación presuntamente irregular puntualiza que el hallazgo fue trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud y será objeto de seguimiento por parte de la Contraloría y demás organismos competentes.