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or el momento, la visión de María Corina no ha sido comprendida en Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, confunde lo que sería una “reconciliación interna” con un nuevo esquema de gobierno donde, dice él, “todos estos elementos de la sociedad estén representados en la política”. Incluir jefes maduristas en un nuevo gobierno es aceptar que éstos saboteen desde el inicio la posibilidad de alcanzar una democracia verdadera para Venezuela.

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, tras reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que le “llamó mucho la atención” que Gustavo Petro haya solicitado a Estados Unidos la “devolución” de Maduro para que sea juzgado en Venezuela y que haya dicho que la “transición” política de ese país debe ser hecha sin excluir a los sectores políticos del madurismo.

“Creo que hay pocos otros jefes de Estado que conozcan el monstruo del régimen venezolano por dentro como lo conoce el presidente de Colombia”, añadió Machado.

Sin embargo, agregó: “Yo me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto de que cualquier juez en Venezuela que emite una sentencia contraria a los intereses del régimen sabe que puede terminar como terminó la última juez que emitió una sentencia contraria al régimen, María Lourdes Afiuni”.

En 2019, la jueza María Lourdes Afiuni fue condenada a cinco años de prisión por el delito de corrupción, aunque su defensa demostró que el tribunal no había probado nada de lo que éste  la acusaba. En diciembre de 2009, Afiuni fue encarcelada por orden lanzada desde una radio por el entonces dictador Hugo Chávez.

Petro, para amoblar probablemente el ambiente del difícil encuentro que tendrá próximamente en la Casa Blanca con Donald Trump, se inmiscuye en la deliberación venezolana con frases en favor del depuesto Nicolás Maduro.

Repitiendo como loro lo que Moscú había dicho dos días antes, el inquilino de la Casa de Nariño le pidió a Estados Unidos “devolver” a Nicolás Maduro a su país. Después insistió en una red social: “Yo estoy seguro que (sic) Venezuela debe iniciar una transición a más democracia y paz y eso se hace a través de un pacto de todos los sectores políticos y sociales sin exclusión de ninguno”.

No hay una gota de sinceridad en esa afirmación. Nunca hubo democracia durante la dictadura chavo-madurista. Petro preconiza ahora como salida para Venezuela un utópico madurismo sin Maduro. Petro carece, además, de autoridad moral para hacer la exigencia de “más democracia y paz”.

El gobierno de Petro dictó medidas, como la “paz total”, que aumentaron las atrocidades narco-subversivas en Colombia y mantiene una política que excluye a todos los sectores políticos y sociales que critican su política de destrucción del capitalismo y de violación permanente de la Constitución de Colombia.

Sin olvidar sus arengas incitadoras a la violencia contra sus adversarios políticos –lo que precedió al asesinato de un senador de oposición, Miguel Uribe Turbay, a manos de sicarios probablemente de las Farc–, y contra los periodistas, los influencers y la prensa audiovisual que se niegan a servirle de caja de resonancia a sus delirantes medidas.

“Lo mejor es no excluir”, dice Petro y reitera que él es partidario de “un principio universal: la soberanía, que incluye la justicia”. En realidad,  Petro predica pero no aplica lo que dice: él dirige un gobierno sectario y excluyente que rompe con la soberanía, la justicia y el Derecho al pasar por encima del Senado y de la Cámara de Representantes y tomar medidas desastrosas por decreto.

El mandatario colombiano sigue sin explicar qué efectos tuvo su concesión ilegal a Maduro de crear una “zona binacional” en la región colombiana del Catatumbo a la cual podrían entrar tropas venezolanas para combatir, según él, las narco-bandas colombianas.

María Corina Machado, está en lo correcto cuando propone, muy lejos de la hipócrita batahola que sugiere Petro, una “transición real” para Venezuela en la cual “ningún sector del régimen en el poder” podrá participar. Ella también subrayó que 9 millones de venezolanos requieren ajustes en el registro electoral para que puedan ejercer su derecho a votar en los futuros comicios. Esperamos que esta sabia recomendación de la líder opositora sea acogida por la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

Lamentablemente, por el momento, la visión de María Corina no ha sido comprendida en Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, confunde lo que sería una “reconciliación interna” con un nuevo esquema de gobierno donde, dice él, “todos estos elementos de la sociedad estén representados en la política”. Incluir jefes maduristas en un nuevo gobierno es aceptar que éstos saboteen desde el inicio la posibilidad de alcanzar una democracia verdadera para Venezuela.