Barranquilla, 26 de septiembre de 2018.- El último país en unirse Canadá, antes de Paraguay, por lo que el mandatario Mario Abdo Benítez quien señaló que junto a Argentina, Canadá, Chile, Colombia y Perú, decidimos presentar denuncia ante la Fiscal de la Corte Penal Internacional para investigar sobre comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela por parte del régimen de Maduro. Estamos comprometidos con los derechos humanos.
A su turno Argentina señaló vía email su apoyo a la denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro, en el que señaló compartimos la carta dirigida a la Corte Penal Internacional por parte de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá.
En la carta dirigida a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fotou Bensouda, los países denuncia para su juzgamiento los crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido en Venezuela a partir del 12 de febrero de 2014, con vistas a determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas, por lo tanto remiten al amparo de lo previsto en el artículo 14 numeral 1 del Estatuto de Roma de la CPI hecho el 17 de julio de 1998 y vigente del 1 de julio del año 2002 del cual Argentina Canadá Colombia Chile Paraguay y el Perú son también estados parte.
En la denuncia se encuentran detallados los hechos desde el 8 de febrero de 2018 y que la fiscalía de la CPI dispuso que se abriera un examen preliminar para analizar si al menos desde abril de 2017 se han cometido en Venezuela crímenes de competencia de la Corte en el marco de las manifestaciones de la inestabilidad política conexa, para tal efecto la Fiscalía considera una información que le fue proporcionada meses atrás por la Fiscal General destituida de Venezuela Luisa Ortega. *Cabe reseñar que Luisa Ortega fue destituida de manera ilegal en un abuso de la Corte Suprema de Justicia, en medio de la dictadura.
También se refiere a que antes de esto el 31 de diciembre de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había presentado el informe titulado Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho, y Derechos Humanos en Venezuela en el que resalta la debilidad de la institucionalidad democrática y deterioro progresivo de la situación de Derechos Humanos en el país vecino, las cuales se profundizaron e intensificaron significativamente a partir del 2015 y de manera alarmante en el 2017.
Asimismo se refiere al informe de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y del panel de expertos independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad que fue presentado el 29 de mayo de 2018 por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, documento que también remiten junto con la demanda o denuncia ante la Corte Penal Internacional.
Señalan en estos países en su denuncia que solicitaron en innumerables ocasiones la autorización para acudir al territorio venezolano, pero no se les permitió, sin embargo afirman que la información que sirve de sustento a ese documento, proviene entre otras fuentes de audiencias públicas realizadas en la sede de la OEA en la que estuvieron presentes personas que habrían sido afectadas por la comisión de graves crímenes, o sus familiares directos rindieron sus testimonios.
Argumentan que en el análisis del Panel de Expertos remitido, figura una evaluación detallada sobre cómo se habría configurado una situación de comisión de crímenes de lesa humanidad a partir de ataques generalizados sistemáticos contra una parte de la población civil de ese país, constituida por la oposición al régimen de Nicolás Maduro, y pormenorizadamente la forma en que se habrían materializado diversos supuestos crímenes incluyendo en cada uno de dichos supuestos referencias sobre casos concretos que ejemplificarían la existencia de aquellos
Un aspecto particularmente dramático estaría dado por la realización de detenciones arbitrarias, encarcelamientos, persecución a determinados líderes y grupos políticos con identidad propia, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, abuso sexual y violaciones, desaparición forzada, y atentados flagrantes contra el debido proceso en perjuicio de personas de ambos sexos, algunas de las cuales serían incluso menores de edad.
Al mismo tiempo se plantearía una acción sistemática como el Plan Zamora diseñado por el propio régimen y aplicado con autoridades institucionales y organizaciones y grupos de personas afines al régimen quienes actúan de manera coordinada como una política de estado contra la oposición, teniendo como objetivo varones jóvenes entre 15 y 30 años, a los que sin notificación se les detendría y se les trasladaría fuera de sus casas para acusarlos de actos que no habían cometido, o asesinarlos aduciendo que opusieron resistencia.
También se adjunta a la denuncia el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el que resalta que el gobierno de Venezuela no permitió que esta organización tuviera acceso a su territorio, pero sustenta sus denuncias en las constataciones obtenidas a través de 150 entrevistas con víctimas y testigos, al igual que con representantes de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos y universitarios.
Informe se resalta las violaciones de Derechos Humanos que han cometido las autoridades desde agosto de 2017, el uso excesivo de la fuerza en operaciones de seguridad no relacionadas con las protestas, la práctica reiteradas de detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos y la vulneración de los derechos al disfrute del más alto nivel de la salud y de una alimentación adecuada. Además el informe documenta otras violaciones de derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales detenciones arbitrarias tortura y malos tratos cometidos en el año 2014..
Finalmente concretan la denuncia con su firma para que se ponga en marcha el mecanismo suscrito por todos los países, los mandatarios en orden estrictamente alfabético por países, Mauricio Macri de Argentina, Iván Duque de Colombia, Sebastián Piñera de Chile, de Paraguay Mario Abdo Benítez, del Perú, Martín Vizcarra Cornejo, y el Primer Ministro de Canadá quien llegó de último, Justin Tradeu.