JUSTICIA, NACIONALES

Barranquilla, 5 de febrero de 2025.- La Sala Plena de la Corte Constitucional eligió al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar como nuevo presidente de la Corporación y a la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera como vicepresidenta. Los altos dignatarios empezarán a cumplir sus funciones a partir del 10 de febrero del año en curso.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar es abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana y magister en Derecho, DEA (Magister) en Derecho Internacional Público, doctor en Derecho, Suma Cum Laude, y postdoctor en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional de la Universidad Alfonso X El Sabio, de Madrid España. Doctor Honoris Causa en Educación de la UNAD.

Se destacó como investigador, académico y consultor en las áreas de su formación y experiencia profesional, esto es, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho económico, derecho internacional y derecho privado, con experiencia en el ejercicio de la administración de justicia en sede arbitral como árbitro nacional e internacional, lo mismo que como promotor de los mecanismos alternos de solución de conflictos, especialmente como Amigable Componedor. Fue Conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del Consejo de Estado –Sala de Consulta y Servicio Civil- y de la Corte Constitucional.

Ha sido profesor de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Económico en las Universidades Javeriana, los Andes, Rosario, Externado de Colombia, Sergio Arboleda, Santo Tomás, Libre, Norte de Barranquilla e Ibagué. Fue director de la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario (1992-1997), director de la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Javeriana (1999-2004) y director de la Especialización en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Universidad Javeriana (2000-2004).

Fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia en 1991, de la Asamblea Constituyente del Ecuador (1997) y de procesos constituyentes en la República Dominicana (1998). Fue funcionario del Banco de la República (1983-1994), consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (1993 -2000) y de diferentes áreas de la administración pública en procesos de reestructuración y modernización del Estado.

La magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, por su parte, es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana con amplia experiencia profesional en Derecho Público y Corporativo. También es especialista en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, especialista en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con estudios avanzados en Derecho Público de la Universidad Carlos III de Madrid.

Durante su larga trayectoria profesional se ha desempeñado en el sector público y privado como Directora Jurídica de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., Secretaria General de la empresa Redassist S.A., Secretaria General de la Federación Nacional de Departamentos, Superintendente de Subsidio Familiar, Delegada contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía General de la Nación y como asesora jurídica en temas relacionados con servicios públicos.

En el año 2021, fue condecorada por la Corporación Excelencia en la Justicia, con el premio “Mejor sentencia en favor de la diversidad e inclusión”, en el marco de los Premios Excelencia en la Justicia. Igualmente, fue galardonada en los “Premios Sentencias 2024, Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o Sujetos de Protección Internacional”, entregados en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, bajo el auspicio de ACNUR, la CIDH y el Comité Internacional de la Cruz Roja. En ambos casos, obtuvo el reconocimiento a la mejor sentencia.

La magistrada Meneses Mosquera ha hecho importantes contribuciones a la jurisprudencia constitucional, en temas como la libertad de expresión; los derechos de las mujeres, cisgénero y transgénero, en diferentes escenarios; y los derechos de las minorías étnicas y otras personas en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas en situación de migración irregular y las víctimas del conflicto.

Finalmente, se debe recalcar que la designación de los dignatarios de la Corte Constitucional está supeditada a la antigüedad de cada magistrado/a en la Corporación.