JUSTICIA

Barranquilla, 7 de octubre de 2020.- El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, afirmó que, de los 1624 bienes que se han recibido a través del Fondo para la Reparación, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, el 60 % son rurales y “tienen problemas de pago de impuestos, ocupantes de hecho, bienes que no están en las mejores condiciones, y con los cuales nos toca adelantar un proceso de recuperación”.

La apuesta de la unidad con estos bienes, explicó el director de la entidad, es ponerlos en venta “pero estos inmuebles no cuentan con la extinción de dominio, entonces nos toca ponerlos en un proceso de arrendamiento para que nos generen ingresos y podamos pagar las indemnizaciones a las víctimas”.

“De forma paralela vamos adelantando todo el proceso para ponerlos al día, con el fin de buscar su monetización en el menor tiempo posible. Estos son bienes con dificultades, pero nos han representado ingresos para poder pagar esas sentencias judiciales, porque una vez entregan los bienes los postulados, hay que pagar la indemnización judicial”, detalló el funcionario.

Frente a un cuestionamiento de una víctima hecha en un facebook live de la Unidad, relacionado con los bienes de Salvatore Mancuso, el director de la Unidad para las Víctimas manifestó que, si bien este postulado entregó bienes, “cuando se hace una revisión de los bienes, estos tienen muchos problemas. Nosotros tenemos inmuebles que se han logrado legalizar y están el proceso de la monetización o hacer el remate para poderlos vender, pero por la misma naturaleza de estos bienes no es fácil hacer la monetización, una persona no está buscando comprar lo bienes de este exjefe paramilitar”, explicó.

“Existen esos fantasmas y temores frente a los bienes, lo que también dificulta legalizarlos. Por ejemplo, la casa de Salvatore Mancuso en Córdoba, la misma Unidad tuvo que tomarla en arriendo, allí funciona la oficina de la Dirección Territorial, porque no fue fácil venderla por su historial. El dinero del arriendo va al Fondo para pagar indemnizaciones judiciales”, agregó Rodríguez.

El funcionario reveló que la entidad se encuentra administrando otros inmuebles del postulado Mancuso y de otros postulados que están generando recursos, porque se encuentran arrendados y están en el proceso de monetización con CISSA, pero reiteró que dichos bienes “tienen ‘fantasmas”, por los “temores de que Mancuso vuelva a Colombia”.

Rodríguez Andrade, también dijo que la entidad recibió, producto de la monetización de bienes no reportados por las Farc, en el marco del Acuerdo de Paz, recursos por 823.810.855, por parte de la Sociedad de Activos Especiales SAE que serán destinados a la reparación colectiva administrativa en el marco de lo establecido en la ley 1448 de 2011.

Rodríguez explicó que el artículo 282 de la Ley 1955 de 2019, Ley del Plan Nacional de Desarrollo, estableció que los recursos líquidos (monetizados) provenientes de los bienes que ha sido producto de la extinción de dominio a los ex miembros de las Farc, es decir, bienes que no fueron entregados por este grupo en el inventario en el marco del Acuerdo de Paz; serán destinados a la reparación colectiva conforme lo establece la Ley 1448 de 2011.

Según el Plan de Desarrollo: “Los recursos líquidos derivados de los bienes extintos que no hayan sido entregados por las FARC-EP en los términos del artículo 2o del Decreto-ley 903 de 2017, tendrán como destinación el Fondo de Reparación para las Víctimas de la Violencia al que se refiere la Ley 1448 de 2011, a excepción de los predios rurales de los que trata el inciso segundo del artículo 91 de la Ley 1708 de 2014.

La Fiscalía General de la Nación determinará los bienes que se encuentran vinculados a procesos de extinción de dominio que no correspondan al inventario de que trata el Decreto-ley 903 de 2017.

PARÁGRAFO. Los recursos líquidos que ingresen al Fondo de Reparación para las Víctimas en cumplimiento de este artículo serán destinados a la reparación colectiva administrativa de las víctimas en el marco de lo establecido en la Ley 1448 de 2011”.

El director de la Unidad dijo que “de momento, la entidad no ha recibido recursos por parte de las FARC como parte del Acuerdo de paz. Estos 823 millones de pesos corresponden a unos bienes que fueron incautados y que están fuera de los acuerdos. Este dinero se destinará a la reparación colectiva de las víctimas del conflicto”, aclaró Rodríguez Andrade.

Según uno de los apartes de la Resolución de la SAE, mediante la cual se entregaron los recursos a la Unidad para las Víctimas “… los bienes que han sido comercializados y que presuntamente fueron afectados en procesos de extinción de dominio adelantados sobre propiedades de las FARC, corresponden a 408 semovientes”.

El director aseguró que esta entrega permite establecer una nueva fuente de financiamiento a la Ley de Víctimas “producto de recursos de los victimarios”.