Hablemos sin eufemismos. El gabinete ministerial que Gustavo Petro no ha acabado de nombrar, pero donde ya aparecen personajes como Iván Velásquez Gómez, el cuestionado ex magistrado de la CSJ expulsado de Guatemala, Álvaro Leyva Durán, agente de influencia del PCC e inventor de los diálogos del Caguán, y Giovani Yule, cabecilla de las violentas “mingas” indígenas que incendiaron el país en 2021, son una declaración de guerra contra la sociedad, el Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía.

Esos nombramientos no son “errores”, como algunos dicen, ni un reparto de favores clientelistas, como otros sugieren. Son producto de una reflexión política, de una afirmación de intransigencia y de voluntarismo marxista duro y de largo alcance contra la nación colombiana. Es una arquitectura  que destaca los reflejos locales contra los principios universales, que refuerza el folklore contra a razón universal, que desaloja la cultura por mi cultura.

Petro está diciendo con esos nombramientos que no será el presidente de todos los colombianos, que no simbolizará la unidad nacional, ni será el garante de los derechos y libertades de todos los colombianos, sino que será, por el contrario,  el jefe de un bando ideológico-político que actuará contra los intereses de los que no creen en la refundación del país sobre bases chavistas, ni saludan el camino hacia el caos y el atraso económico  y moral que los petristas llaman “cambio de estructuras”.

Aun antes de la toma de posesión de Petro, ese “cambio” comenzó a tener efectos dramáticos. En el Cauca emerge una guerra inter-campesina: grupos de combate asimétrico de indígenas contra afrocolombianos se enfrentan. Los primeros buscan arrebatarle tierras, cultivos y viviendas a los segundos, invocando la más odiosa retórica racista.

Para iniciar su empresa de demolición, el tipo de régimen que viene tratará de desorganizar  antes que nada a las Fuerzas Militares, a la Policía Nacional y a la fuerza pública en su conjunto. El aterrizaje en el ministerio de Defensa de un Iván Velásquez, enemigo acérrimo de las Fuerzas Armadas, y perseguidor del Centro Democrático, hizo que la misma prensa española de izquierda, como El País, lanzara la chiva: que Velásquez  es “el hombre encargado por el presidente Gustavo Petro de desmontar uno de los ejércitos más poderosos de América Latina”. El pretexto falaz con el que Petro pretende vender ese nombramiento, que debilitará la soberanía, la seguridad y defensa de Colombia y pondrá a nuestro país a la merced del militarismo ruso-venezolano, es “poner orden en materia de corrupción y derechos humanos” a ese ministerio. ¡Que cinismo!

Con parsimonia Petro lanza los nombres de sus eventuales colaboradores. Sabe que muchos de esos nombres generan estupor y angustia en los hogares. A eso se suma la inquietud de ver que no hay un solo partido, incluido el Centro Democrático, que diga claramente que se opondrá a los siniestros planes. Por el momento  hay alegatos ambiguos de diez líneas en WhatsApp o en Twitter, o declaraciones de 10 minutos en YouTube. Nadie quiere expresar lo que todos saben: que la resistencia contra el régimen marxista es la única forma de acción política que le queda al pueblo y que esa resistencia se hará, no con quejas en el ciberespacio, sino en las calles, con grandes manifestaciones, con plantones masivos, con iniciativas contra la desinformación, con pleitos y procesos judiciales, y con agitación y denuncias dentro y fuera del país sobre los atropellos e ilegalidades del nuevo gobierno.

La superchería de la “oposición constructiva” equivale a retomar la línea de pasividad  que le permitió a Juan Manuel Santos, en sus dos gobiernos, pasar la aplanadora de la capitulación del Estado ante las Farc y desconocer el rechazo a los acuerdos de La Habana en el referendo nacional de 2016. Quejarse, llorar y escribir frases en las redes sociales no descarrilará la maquinaria destructora. Sin embargo, esa misma línea de dejar-hacer, de simular una oposición, quiere impregnar de nuevo a los partidos. La resistencia contra las movidas de Petro, y de sus socios extranjeros, debe ser, por el contrario,  patriótica, decidida, pertinente, libre y con todos los buenos hijos de Colombia de todas las capas y categorías sociales. Incluso con los liberales y conservadores que perdieron el norte el pasado 13 de julio.

No he visto un solo texto que esboce unas tesis realistas sobre la naturaleza de esa resistencia. No hay una propuesta para la acción política inmediata. Los partidos y grupos que anunciaron que se opondrían al nuevo gobierno, siguen paralizados. Ya deberían haber convocado, en forma unitaria, una gran manifestación para dentro de un mes, por ejemplo –pues una movilización ciudadana se prepara con tiempo–, para unir al país mediante consignas precisas  sobre los temas de resistencia más urgentes. Algunas ideas de reivindicaciones podrían ser:

1. Ningún cambio de doctrina militar, ningún cambio en la estructura jurídica y operativa de las Fuerzas Militares y de Policía; ojo a los “cambios en la cúpula militar”. Ningún traslado de la Policía Nacional al ministerio del Interior (donde quedaría en manos de los politiqueros y caciques de turno); ninguna reducción del presupuesto de Defensa de Colombia.
2. Destitución del anunciado ministro Iván Velásquez Gómez.
3. Ninguna modificación de la doctrina de lucha permanente contra el narcotráfico y otros organismos de la narco-subversión comunista. No a la ruptura de los acuerdos de extradición con Estados Unidos. No a un nuevo esquema de paz sin justicia con grupos criminales como el ELN, el Clan del Golfo y las dos fracciones de las FARC.
4. Lucha contra todo intento de aplicar los planes de las FARC de “reforma agraria integral” (invasiones de tierras, abolición de la propiedad privada agropecuaria, creación de territorios “liberados”, expropiaciones, impuestos confiscatorios a la agro-industria, etc.
5. Ninguna reforma estructural de Ecopetrol, ni del Cerrejón, ni del Banco de la República, ni de las estructuras privadas de salud y del sistema pensional.
6. No a los aumentos confiscatorios de impuestos de 50 billones de pesos, erradamente llamados “reforma tributaria”.
7. Ningún recorte legal y/o constitucional, o por la vía jurisprudencial, de la libertad de asociación,  de expresión,  de prensa y de los derechos de los periodistas.
8. No a la reorientación de la diplomacia y de la política exterior de Colombia, de alejamiento de Estados Unidos, de la Unión Europea y de la OTAN. No a la entrada a Colombia de asesores cubanos. Ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba.
9. Investigación del defectuoso sistema electoral, de las fallas ocurridas en la primera y segunda vuelta, trámite oportuno de las demandas de miles de colombianos sobre el fraude electoral de 2022.
10. No a la fusión de los cuatros departamentos de la Costa Pacífica en un  departamento “del litoral pacífico”, que anuncia Francia Márquez, ni a la creación de feudos excluyentes y federalistas.
11. No a la mutilación de los símbolos patrios –Bandera, Himno y Escudo Nacional–, como exigen algunos intrigantes.

Un régimen petrista necesitará trocar la fuerza pública en guardia pretoriana, para poder reprimir las revueltas populares que sus medidas marxistas provocarán  necesariamente. Por eso debemos rodear y proteger la integridad de las Fuerzas militares y de policía, junto con los otros puntos señalados. Son prioridades absolutas. Nada tiene de ilegal oponerse con marchas y concentraciones masivas, con campañas de agitación y educación política,  con la adopción de tácticas de la desobediencia civil  activa contra todo intento de destrucción de la convivencia nacional y de la civilización. Por el contrario, ese conjunto de acciones será perfectamente legal, legítima y constitucional. Todo intento de represión  oficial a esa oposición mostrará al mundo el carácter autoritario del régimen que viene.