COLUMNISTAS

El conflicto armado en Colombia ha dejado un legado de dolor y mutilación, con las minas antipersonal como una de sus expresiones más inhumanas. Estos artefactos, diseñados para permanecer ocultos hasta que una víctima los active, han sido utilizados indiscriminadamente por los grupos terroristas que operan en el país. Según las estadísticas oficiales, hasta el 28 de febrero de 2025 se han registrado 12.540 víctimas de minas antipersonal y municiones sin explosionar, muchas de ellas pertenecientes a la Fuerza Pública. Estos números reflejan una realidad desoladora: el campo colombiano es una trampa mortal para quienes defienden la seguridad y para la población civil que depende de la tierra para su sustento.

La siembra de minas no solo es una violación flagrante al derecho internacional humanitario, sino que perpetúa el miedo y la inseguridad en zonas rurales, impidiendo el desarrollo económico y el retorno seguro de las comunidades desplazadas. Las consecuencias de esta práctica trascienden la mutilación física; afectan la estabilidad emocional de las víctimas, reducen sus oportunidades laborales y, en muchos casos, los condenan a una vida de limitaciones impuestas por la discapacidad adquirida.

El Estado colombiano ha avanzado en estrategias de desminado humanitario, con esfuerzos significativos de la Fuerza Pública y organismos internacionales. Sin embargo, el problema persiste debido a la persistencia de grupos criminales que siguen recurriendo a esta táctica cruel para sembrar terror y obstaculizar el accionar de las autoridades. Cada nuevo caso de un soldado o campesino que pisa una mina es una muestra del largo camino que queda por recorrer.

Frente a esta realidad, iniciativas como el evento organizado por la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (DIVRI) y la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP) cobran especial relevancia. Sensibilizar a la sociedad sobre este flagelo es un paso fundamental para exigir un mayor compromiso en la erradicación de estos artefactos y en la atención integral a las víctimas, quienes merecen oportunidades de rehabilitación y reinserción plena en la sociedad.

Es imperativo que el Estado refuerce sus acciones de desminado, persiga con mayor determinación a los responsables de sembrar el terror en los campos y garantice una reparación efectiva para quienes han sufrido sus efectos. La paz en Colombia no será plena mientras miles de hectáreas sigan contaminadas con explosivos que continúan cobrando víctimas.

El 4 de abril, Día Internacional de Sensibilización contra las Minas Antipersonal, debe ser una fecha para recordar a quienes han caído y para reafirmar el compromiso de un país que aún tiene una deuda pendiente con las víctimas de esta práctica infame. No podemos permitir que el miedo y la violencia sigan marcando el destino de nuestra nación.