COLUMNISTAS

Un terremoto no pregunta quién gobernaba cuando se deterioraron las finanzas públicas o quién se robó los recursos para gestionar esos riesgos imprevisibles de la naturaleza. Simplemente llega, destruye y obliga al Estado a responder.

¿Qué será de los recursos para reconstruir? Más allá de loque investiguen los organismos de control, el Libro de la Verdad, resultado de un inédito empalme unilateral, tiene respuestas preocupantes sobre dos asuntos que considero estratégicos: las finanzas públicas y el campo.

Primero las finanzas. A mayo de 2026, la caja del Gobiernoera de $16 billones de pesos, frente a niveles históricos de entre $30 y $40 billones, con una proyección para fin de año de apenas $7,1 billones.

El “déficit primario”, que arroja la diferencia entre lo que el gobierno recibe y lo que gasta sin el servicio de la deuda,pasó del 0,3% en 2023 al 3,4% en 2025, es decir, semultiplicó por diez y significa que Petro gastó 63 billones más de lo que recibió. El déficit total fue del 6,4 % del PIB en 2025, el más alto en décadas, con excepción de 2020, del 7,8% por efectos de la pandemia, el mismo nivel que se estima para 2026. Sin duda, Petro resultó peor que la pandemia.

La deuda pública creció más de 360 billones, pero como el problema no es solo cuánto se debe, sino cuánto cuesta deber, esa deuda, concentrada en pesos con tasas entre 13 % y 15%, más del doble de las tasas de la deuda externa, solo en 2025 costó 105 billones.

Y ahora vayamos al campo, estratégico por varias razones: Porque su recuperación es condición necesaria para acabar con el narcotráfico y su violencia, más allá del esfuerzo del Estado por perseguir el delito. Porque, ante la situación de las finanzas públicas, no podría ser que la recuperación del campo siga en la lista de las cosas por hacer. Y, finalmente, por el enorme potencial de la producción agropecuaria como factor de recuperación económica.

Sin embargo, durante cuatro años se habló de reforma agraria y de millones de hectáreas, un contexto en el que FEDEGÁN firmó con el gobierno un Acuerdo de Tierras para la compra de predios ganaderos. Sin embargo, ese proceso de compra y redistribución con proyectos productivos quedó enredado en la burocracia y hasta en sospechas de corrupción.

El Libro de la Verdad registra un caso ilustrativo: La Agencia Nacional de Tierras le anticipó un billón de pesos a la SAE por 537 predios, pero a diciembre de 2025 apenas tres tenían títulos y no podían ser adjudicados formalmente. Al finalizar el gobierno, el 56,2 % de las hectáreas reportadas como entregadas tampoco tenían titularidad.

Muy grave, porque una cosa es entregar tierra y otra crear propietarios y productores. Sin título no hay seguridad jurídica; sin ella no hay crédito y, sin crédito, vías, servicios, asistencia técnica y mercados; una parcela entregada modifica una estadística, pero no saca a nadie de la pobreza.

De esa toma de conciencia deben partir los grandes cambios de la política agropecuaria: menos preocupación por contar hectáreas y más por convertirlas en factor de generación de ingreso y bienestar.

Colombia necesita empresas rurales rentables; aprovechar mejor cada hectárea y producir alimentos para los colombianos, para exportar y generar empleo. Necesita un Estado que facilite la generación de riqueza rural, para que el campo deje de ser parte del problema y recupere su vocación de parte sustancial de las soluciones.

Frente a un Estado sin chequera suficiente, aplazar la recuperación decidida del campo es poco menos que… “despreciar la gallina de los huevos de oro”.

@jflafaurie