AGRONOTAS

El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), José Félix Lafaurie Rivera, recordó que es necesario que el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional lleven a cabo acciones pedagógicas para enseñar el alcance de los acuerdos firmados. 

Por otra parte, el dirigente gremial aclaró que no habrá ningún tipo de despeje como en el pasado y que el ELN se comprometió, en el Acuerdo 10 de Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal, a cumplir el Derecho Internacional Humanitario que prohíbe el secuestro.

La semana pasada usted se comprometió a ser un informador permanente de los documentos firmados en la Mesa de Diálogo entre el gobierno y el ELN. ¿Ya empezó esa labor?

En mi columna de la semana anterior, hice un compromiso con todos los lectores de mis columnas y con los colombianos de informar y promover la participación de todos los sectores y, sobre todo, de los medios, que auscultan a diario y conocen la realidad de violencia en territorios.

No es fácil entender, o mejor, “desentrañar” el Acuerdo del “Cese al Fuego” entre el Gobierno y el ELN, que tiene además una estrecha relación con el Acuerdo de Participación y, literalmente, no se puede entender el uno sin el otro.

¿Cuántos acuerdos han sido firmados durante las negociaciones con el ELN?

Han sido firmados 11 acuerdos. Los tres últimos son el Acuerdo 9, El proceso de Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz (primer Acuerdo de Cuba); Acuerdo 10, Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional -ELN (segundo Acuerdo de Cuba); y la Declaración y Acuerdo 11, Alistamiento para el Proceso de Participación de la Sociedad y del Cese al Fuego Bilateral.

La opinión pública quedó un poco desilusionada con las declaraciones de Pablo Beltrán sobre el secuestro y las actividades ilícitas de la guerrilla pese a la firma del Acuerdo de Cese al Fuego. ¿Qué dicen los acuerdos con respecto a esos temas?

La relativa complejidad de los acuerdos firmados da pie a interpretaciones desinformadas y juicios sesgados que terminan dándole a la sociedad visiones distorsionadas o incompletas, cuando lo que se requiere es una lectura y análisis desapasionados para comprender lo acordado.

Por ello el acuerdo obliga al ELN y al Gobierno a desarrollar acciones pedagógicas para “enseñar” el alcance de los acuerdos y protocolos, a lo que ayudaría mucho que los medios y formadores de opinión se sumaran a esta “pedagogía social”.

Pero ¿seguirá el secuestro a pesar del Acuerdo que firmó el ELN?

El ELN firmó el Acuerdo 10 de Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (CFBNT) y en el numeral 1 se indica que “Este Acuerdo de CFBNT tiene como marco de referencia común el Derecho Internacional Humanitario -DIH-, en particular el Protocolo II de 1977 Adicional a los Convenios de Ginebra, y los Acuerdos de la Mesa de Diálogos de Paz”.

La jurisprudencia del DIH prohíbe el secuestro. Entonces, si el ELN sostiene que no firma nada que no pueda cumplir, tendrá que cumplir con no secuestrar.

Empecemos con su explicación del Acuerdo 11, Alistamiento para el Proceso de Participación de la Sociedad y del Cese al Fuego Bilateral. ¿Cuáles son los momentos de las fases que están contempladas?

El de cese al fuego tiene tres fases: una primera, entre el 9 de junio y el 5 de julio, de “Alistamiento” en temas de comunicaciones, protocolos pendientes, pedagogía y Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

La segunda, entre el 6 de julio y el 2 de agosto, inicia con la orden del cese de “acciones ofensivas”, tipificadas en el “Protocolo de Acciones Específicas”, que establece lo que se puede y no se puede hacer. En esta fase, mientras avanza la pedagogía, deberá producirse un “desescalamiento” que empiece a detener el tren sin frenos de la violencia del ELN.

La tercera fase inicia el 3 de agosto con la implementación plena del cese al fuego, por 180 días prorrogables y con “vocación de continuidad”, a partir de evaluaciones periódicas con la información del monitoreo y, especialmente, de la Veeduría Social. Desde el 3 de agosto también, el Mecanismo de Monitoreo y Vigilancia, de oficio, denunciará eventuales incumplimientos, o cualquier ciudadano que, gracias a la pedagogía, ya comprende el Acuerdo y estará en capacidad de hacerlo.

Usted ha insistido en que sin cese al fuego y de hostilidades no podría haber participación libre de las comunidades, ¿en qué momento se entrelazan los dos acuerdos?

Sin cese al fuego y también de hostilidades, la participación será instrumentalizada o impedida por el sometimiento a las comunidades derivado de acciones ilícitas, como el secuestro y la extorsión, justificadas por el ELN como “fuentes de financiación”.

Sin estos elementos no habrá participación posible y la construcción “colectiva” de la paz será otra promesa de valor incumplida. Por ello, estos acuerdos enfrentan el imperativo de cumplir su finalidad de generar condiciones para que la población ejerza sus derechos en libertad y, en últimas, para mejorar la vida de los más vulnerables en los territorios. Esperemos que así sea.

¿En qué consisten las fases del Acuerdo 9 que tienen que ver con el Proceso de Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz?

El Acuerdo de Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz también tiene tres fases: fase de diseño, fase de diagnóstico y diálogo sobre democracia para la paz y construcción de agenda sobre democracia y transformaciones.

La primera fase, de máximo seis meses, será de “diseño” del proceso por parte del Comité Nacional de Participación, cuyos 80 miembros de 30 sectores escucharán a las comunidades en los territorios.

La segunda, de “diagnóstico”, busca establecer las causas de la violencia, a mi juicio sobrediagnosticadas, a partir del diálogo con diferentes actores sociales y la compilación de información de referencia.

La tercera es el proceso de participación propiamente dicho; participación masiva y libre de las comunidades y de la sociedad toda en los territorios -así se espera-, cuyos resultados, debidamente sistematizados, se consolidan en el Plan Integral de Transformaciones, como entregable del Comité Nacional a la mesa de Diálogos.

En una entrevista publicada el fin de semana en el diario El Tiempo usted afirmó que en el país hay cerca de 1000 grupos armados. ¿Quisiera ampliar su respuesta?

Esta respuesta se la di a Yamid Amat con base en un documento de inteligencia de la Policía que estuve revisando. Allí se da cuenta de más de mil grupos armados. No son grupos subversivos, son grupúsculos criminales vinculados al microtráfico. Las grandes mafias del narcotráfico delinquen en los territorios y desde los territorios, pero tienen vasos comunicantes que son las organizaciones pequeñas, que actúan en las ciudades, en los barrios y están dedicadas al menudeo y son muy agresivas.

En el punto 6 del Acuerdo #10 de Cese al Fuego se indica que las órdenes de cese de operaciones ofensivas por las partes se harán vigentes el 6 de julio de 2023 y el 3 de agosto empezará la implementación plena del CFBNT. ¿Eso no indica una especie de despeje como en el pasado?

De ninguna manera. Toda acción defensiva se puede hacer. Por ejemplo, el ELN se puede desplazar pero debe informar para que la Fuerza Pública no los confronte. Pero, si el ELN informa que se va a desplazar y la realidad es que va a secuestrar, entonces la Fuerza Pública está en la obligación de cumplir con el mandato constitucional de proteger la libertad y la vida de los colombianos.

¿Cómo será monitoreado el cese al fuego con la guerrilla del ELN?

En el Acuerdo #10 de Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal se indica la conformación de un Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) con presencia nacional, regional y local, compuesto por delegados del gobierno, el ELN, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Conferencia Episcopal de Colombia.

Su función será monitorear y verificar el cumplimiento del Acuerdo de CFBNT y sus objetivos. El mandato de funciones del MMV y su relación con la Mesa se regirán por un protocolo específico.

Habrá un mecanismo de monitoreo (información y seguimiento permanente) y otro de verificación (evaluación de lo informado). Cualquier hecho que suceda en los territorios, que sea identificado como un incidente, será informado por el sistema de monitoreo en las tres instancias: local, regional y nacional. También será constituida una Veeduría Social que podrá reportar incidentes con el fin de evitar acciones ofensivas.