Colombia 22 septiembre, 2026
La seguridad estratégica de Colombia está en juego. Por: Eduardo Mackenzie
- COLUMNISTAS
Durante el gobierno de Gustavo Petro el país sufrió, entre las muchas desgracias evidentes que todos conocemos, graves rupturas menos visibles en sus protocolos de seguridad y de control de instalaciones militares estratégicas, así como sobre la localización de tropas de combate del Estado en zonas azotadas por la narco-subversión. Hubo también brechas en los sistemas de radares para la navegación aérea civil y militar y el control del espacio aéreo colombiano.
Se puede decir sin exagerar que esas grietas en la seguridad estratégica fueron el resultado de cuatro tipos de acciones diferentes: la política de desmovilización de las fuerzas armadas dictada por el gobierno de Petro, el espionaje, la corrupción y la misma negligencia (aparentemente involuntaria) del alto gobierno de turno. Veamos algunos casos conocidos, aunque rápidamente olvidados.
Más de cinco mil documentos a disposición de hackers
El 17 de marzo de 2026, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme una condena de 6 años de prisión por el delito de espionaje contra Luis Alberto Luengas Calle, un ingeniero contratista de la firma Ona Systems SAS, quien instaló, entre 2018 y 2019, en dos portales web de acceso libre, un gran archivo con información confidencial sobre los sistemas tecnológicos de la Fuerza Aérea Colombiana, dejando expuesta la infraestructura de defensa del país a hackers próximos y remotos.
El diario Vanguardia, de Bucaramanga escribió: “En octubre de 2018, Luengas Calle publicó ese archivo en los portales de acceso libre Scribd y Edoc”, usando el nombre de Alberto Calle. “El juicio oral demostró que el documento registró 14 descargas y 108 visualizaciones en la red” (1).
La sala de casación penal de la CSJ confirmó la acusación y demostró que el citado ingeniero actuó con dolo pues violó el compromiso de confidencialidad que había firmado con la empresa Telecomunicaciones de Bogotá e instaló en dos portales web de acceso libre una serie de más de cinco mil documentos que contenían “registros con nombres de equipos, usuarios, sistemas operativos y direcciones IP de los radares, de altos mandos y del Centro de Comando y Control de la Fuerza Aérea”, según la enumeración que hizo el diario Vanguardia.
El segundo caso fue descubierto en mayo de 2026: la presidencia de la República había subido a redes sociales, sin ningún tipo de contraseña o firewall, 32 gigabytes de datos de inteligencia militar incluyendo un informe de inteligencia y contrainteligencia militar que pudo haber puesto en peligro “la vida de soldados y policías colombianos, el correcto y debido desarrollo de las operaciones militares y la seguridad nacional”, según el matutino de Medellín El Colombiano (2).
Julián Uscátegui, concejal de Bogotá, pidió entonces a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes examinar el fondo del asunto y concluyó, el 26 de mayo pasado, que ese hecho “podría configurar la comisión de diferentes delitos a la luz del Código Penal colombiano”.
Entre la documentación confidencial expuesta de esa manera figuran mapas de operaciones militares, datos sobre territorios bajo influencia de grupos armados ilegales y coordenadas exactas de campamentos de reincorporación de las FARC, según la denuncia publicada, el 26 de mayo de 2026, por Mateo Amaya Quimbayo. El analista Amaya aseguró que “servidores ArcGIS, como se llaman técnicamente los utilizados por la Casa de Nariño, permanecieron abiertos lo que pudo haber permitido el acceso público a más de 300 servicios organizados en 26 carpetas”.
Un batallón de fuerzas especiales infiltrado
El tercer caso: El 24 de marzo de 2025, fueron inculpados dos oficiales del Ejército colombiano y una civil que se hacía pasar por capitana. Los oficiales pertenecían al tercer anillo de seguridad del presidente Petro. Los tres eran miembros de una red que accedía ilegalmente a información secreta sobre operaciones de inteligencia y crimen organizado en Bogotá y Cundinamarca. Según las investigaciones de la Fiscalía, esa célula había logrado, entre marzo de 2024 y abril de 2025, participar en reuniones interinstitucionales y robar información clasificada del batallón de fuerzas especiales urbanas número 5, incluidos esquemas de seguridad de altos funcionarios y operaciones contra organizaciones como el Tren de Aragua (3).
El cuarto caso es el más grave, pues la fuga de información desembocó en la muerte de cinco militares colombianos y dejó 16 uniformados heridos en el Cauca. Todo comenzó el 11 de marzo de 2025, a las 11h09, cuando el presidente Petro, reveló en un mensaje en X, de apariencia anodina y “social”, lo siguiente: “El ejército y su batallón de ingenieros llevan el puente que reemplazará el que el EMC dinamitó en contra de la comunidad en el valle del Micay, Cauca”.
El EMC (el llamado Estado Mayor Central, un temible escuadrón de una facción “disidente” de las FARC), que también se hace llamar “frente Carlos Patiño”, se emboscó no lejos del punto designado por el texto de Petro, en el área rural de Balboa, en Cauca, no lejos de Buenaventura, donde los soldados debían reconstruir un puente que los narcoterroristas habían destruido el 3 de marzo anterior. Durante la noche del mismo martes, los irregulares atacaron con explosivos el convoy militar en plena carretera, la única que conducía hacia el puente. El balance fue de cinco militares muertos y 16 heridos. Petro intentó atribuir la matanza a “un ejército privado de los carteles mexicanos”.
¿El gobierno Petro libraba “por error” información ultra confidencial?
Sin tardar, un líder de la oposición al gobierno de Petro, Enrique Gómez, denunció en X: “Muy difícil hacer operaciones cuando el presidente, por su afán incontrolado de publicar, delata detalles e información crucial al enemigo. Una sola vía existía para llegar al sitio, 25 km según los comandantes, y Gustavo Petro le avisa a las FARC un día antes. ¿Conclusiones?” (4).
El presidente Petro sabía qué ocurría en esa región. En octubre de 2024, 57 policías y militares del contingente enviado a un sector del valle del Micay, municipio de El Tambo, Cauca, fueron rodeados y retenidos por decenas de agresivos “pobladores” que exigieron su salida del territorio pues los uniformados ya estaban cerca del frente Carlos Patiño, del grupo de las FARC comandado por Iván Mordisco. (5).
Cinco meses después la situación no había cambiado. El 13 de marzo de 2025, la agencia AFP resumió el fracaso de Petro: “Su control sobre Micay se ha convertido en un desafío directo a la primacía del Estado, en un símbolo de las promesas incumplidas de Petro de lograr la paz y en una amenaza para la seguridad de la cumbre climática de la ONU que se celebraba en la cercana ciudad de Cali.” (6).
Es más, el 2 de febrero de 2025, Gustavo Petro había difundido, en la red X, un foto que permitía establecer que, en la vereda de Puerto Barracas, en Tibú, se encontraba un destacamento del ELN. Eliminado después, ese dato era militar pues había choques armados y desplazamientos de población forzados por la narco-guerrilla en esa región.
Tras los dramáticos hechos del 11 de marzo de 2025 escribí cinco días después: “El grave incidente en la vereda la Esperanza, de Balboa, Cauca, permite pensar que la guerra subversiva que padece Colombia dispone ahora de un nuevo dispositivo altamente mortífero: el jefe de Estado libera “por error” información militar sensible y ultra confidencial que los enemigos armados del Estado explotan para golpear a la fuerza pública y desmoralizar al país. Que el presidente haga eso mediante una red social, bajo la apariencia de un banal comentario, no debe engañar a nadie. Gustavo Petro sabía perfectamente que el “frente Carlos Patiño” se desplaza fácilmente por esa zona martirizada del Cauca y que difundir ese dato no podía tener un efecto distinto al sufrido por los soldados asesinados y heridos.” (7)
Si el ingeniero Luis Alberto Luengas Calle fue condenado a seis años de prisión por espionaje, en una operación delincuencial donde no hubo por fortuna ni muertos ni heridos, ¿qué se podría pensar de la información clasificada que puso en línea el entonces presidente Gustavo Petro el 11 de marzo de 2025 y que horas después concluyó con la emboscada en la que de las FARC dieron muerte a cinco militares e hirieron a otros 16?
Difundir tal información oficial secreta que produjo o ayudó a producir la muerte de cinco militares colombianos exige, por lo menos, la apertura de una investigación contradictoria al más alto nivel y la imposición de una sanción penal para el expresidente Gustavo Petro, aunque tal puesta en línea no haya sido un acto consciente destinado a desatar el ataque mortífero descrito y haya sido, probablemente, el resultado de una puesta en línea de información secreta precipitada y no reflexionada. Como la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se negó durante el gobierno anterior a abrir una investigación sobre los dos hechos de revelaciones de información militar secreta que involucran a Gustavo Petro éste debería responder ahora por tales actos y comportarse como cualquier ciudadano en las mismas circunstancias.
Notas
https://twitter.com/SenalColombia/status/1971192928241336709
(4).- https://twitter.com/Enrique_GomezM/status/1900181947839631848
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