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¿Hay un vínculo entre la Operación Gedeón y el escándalo de las “carpetas secretas” de Semana?

Quince días después del incidente creado por la revista Semana con sus “Carpetas secretas”, las pruebas que esa publicación decía tener de las supuestas “escuchas ilegales” no aparecieron. Luego es legítimo deducir que ese aspecto del artículo, como los otros invocados, no era más que un artificio para impresionar al gobierno y a la opinión pública.

Ese falso escándalo y la ausencia de pruebas lograron, sin embargo, sus objetivos: la destitución arbitraria y opaca de doce funcionarios del sector de la inteligencia militar. Lograron también –y esto me parece aún más grave–, deteriorar la relación Colombia-OTAN.

Ese escándalo hizo que el gobierno de Iván Duque renunciara a su decisión de enviar al prestigioso general (r.) Nicasio Martínez a representar a Colombia ante la OTAN. Los observadores y editorialistas poca atención le han prestado a ese aspecto de la crisis del 1 de mayo. Parece que no se hubieran dado cuenta del tremendo daño que la revista Soros-santista le ha hecho a la defensa estratégica de Colombia.

“No se va a hacer ese nombramiento”, sentenció el 4 de mayo un Carlos Holmes Trujillo visiblemente alterado por lo que le estaba ocurriendo. El nombramiento del general Martínez había sido decidido por Iván Duque a comienzos de 2020, pero el viaje a Bruselas del General se había retrasado “por la pandemia ocasionada por el coronavirus”, según una radio bogotana. Bastó que Semana pusiera en el mercado su embuchado para que Duque y su ministro echaran máquina atrás, sin haber verificado si era cierto lo que decía la citada revista.

De nada le sirvió al General Martínez explicar que él no tenía nada que ver con las “escuchas ilegales” inventadas por Semana. Holmes Trujillo, quien se dice amigo de las Fuerzas Armadas, hizo valer el horrible principio de culpabilidad de los militares y le dio crédito a las alegaciones.

Colombia fue el primer país latinoamericano que ingresó a la OTAN. Los trámites fueron iniciados en marzo de 2013 por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Poco después, personal militar colombiano hizo cursos en la Escuela de la OTAN. En 2015, Colombia participó con uno de sus navíos de guerra en la operación “Ocean Shield” de la OTAN contra la piratería en aguas del Cuerno de África. El 31 de mayo de 2018, las negociaciones Colombia-OTAN culminaron y Colombia adquirió, en reunión en Bruselas, entre Jens Stoltenberg, secretario de la OTAN, y el presidente Santos, el estatuto de “partenaire mundial” pleno de la importante organización, estatuto que Colombia comparte con Japón, Australia, Nueva Zelandia, Corea del Sur y Mongolia.

Como Colombia participa, en virtud de ese acuerdo, en las actividades de la OTAN relacionadas con la seguridad marítima, así como en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y en asuntos de guerra híbrida y ciberseguridad, es inevitable hacer estas preguntas: ¿el bodrio calumniador fue lanzado para bloquear la llegada del General Martínez a Bruselas? ¿Quién busca que Colombia deje acéfalo ese cargo? ¿Qué pasó con la seguridad de nuestros mares el 3 y 4 de mayo pasado?

Unos días antes de la obscura “Operación Gedeón”, en la que la dictadura venezolana mató y capturó en dos días una veintena de rebeldes, se apoderó de sus armas y hasta de tres barcazas artilladas de la Armada colombiana, que estaban en un punto de frontera entre los dos países, Colombia se distraía con las “revelaciones” de Semana.
Entre tanto, los servicios de Nicolas Maduro trabajaban para involucrar a Colombia en una aventura de venezolanos que podría servir como pretexto para que Caracas contra-ataque e intente quedarse con los departamentos petroleros colombianos.

Cuando digo que ese grupo editorial ha ido muy lejos en su cruzada anti Ejército aludo a esa compleja temática contra la seguridad del país, que puede ser dividida en tres capítulos: 1. La reducción de la ayuda militar americana a Colombia (ver en Semana la amenaza del senador izquierdista Patrick Leahy de cortar esa ayuda de Washington a Colombia), 2. La desorganización de la representación de Colombia ante la OTAN y 3. El dinamiteo de la inteligencia militar para que Colombia no pueda frenar las intrigas y provocaciones de operadores extranjeros. Hemos visto un ejemplo trágico de eso: las maniobras secretas que la fracción del presidente autoproclamado Juan Guaidó abrió en Colombia, como instalar y entrenar desertores, fingidos o no, del ejército venezolano en Colombia antes de lanzar la desdichada Operación Gedeón. Según la prensa, ese personal “rebelde” había partido de Riohacha y de otros puntos de Colombia.

Mientras el gobierno de Duque sabía o no lo que estaba ocurriendo, sin querer hacer nada –y se ocupaba en la destitución de militares y del director de la Justicia Penal Militar–, la inteligencia venezolana estaba al tanto de la “irrupción terrorista” y tomaba medidas para infiltrarla y derrotarla.

Nadie debe olvidar que la dictadura chavista fue la primera que criticó la entrada de Colombia a la OTAN. El 26 de mayo de 2018, Nicolás Maduro reiteró, en efecto, que la adhesión de Colombia a la OTAN “constituye una amenaza para la paz de la región”. Cuatro días después, un grupo comunista francés retomó esa línea en un comunicado en el que dijo que el ingreso de Colombia a la OTAN es “un revolver en la cabeza de los pueblos de América latina y de Venezuela en especial”.

La Operación Gedeón le permite ahora a Caracas acusar a Washington y a Bogotá de connivencia en ese asunto, extremo que Trump y Duque niegan. Maduro afirma que el 2 de marzo pasado, en una reunión, Trump le dio luz verde a Duque para que permitiera que el suelo colombiano fuera utilizado en ese plan. Los dos mandatarios niegan ese punto pero tal episodio podría tener consecuencias a largo plazo para Colombia.

La marginalización del General Martínez de la OTAN podría reflejar dos objetivos: obligar a Colombia dentro de unos meses a salir de la OTAN, como piden Caracas y La Habana, o instalar en ese cargo a alguien del grupo Soros-santista que coordina el polémico general (r.) Alberto José Mejía, excomandante general de las Fuerzas Militares, hoy embajador en Australia.

Tales opciones serían nefastas para la seguridad estratégica de Colombia. En mayo de 2019, durante una reunión en Copenhague, una asesora principal de la OTAN, Deniz Beten, declaró: “La vasta experiencia de Colombia en guerra asimétrica, en la lucha contra las drogas y contra el terrorismo es muy valiosa para los demás participantes”. Agregó que Colombia “está totalmente preparada para dialogar y cooperar con países que tienen experiencia en el terreno”. En esa reunión, el vicealmirante de la Armada colombiana Orlando Grisales afirmó: “La protección de nuestros mares no solo ayudará a proteger nuestras sociedades y preservará los flujos y flujos comerciales, sino que también fortalecerá nuestras capacidades para abordar cuestiones de importancia crítica para Colombia, como el tráfico de drogas y la piratería”. ¿Qué será de esas responsabilidades y ventajas si el grupo Santos-Soros se inmiscuye en ese dossier y en las filas de la OTAN por esa vía?