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“La reforma agraria que no alimenta al campo: datos que el Gobierno prefiere ignorar”. Por: Miguel Ángel Lacouture

Mientras el Gobierno insiste en ampliar su control sobre la tierra bajo el discurso del “ordenamiento social de la propiedad”, los datos muestran que el agro produce, crece y exporta a pesar del Estado, no gracias a él. La función social de la propiedad no autoriza al Gobierno a dirigir la economía rural, y los hechos económicos, jurídicos y productivos revelan que el verdadero problema no es la redistribución, sino la inseguridad, la falta de crédito y la obsesión centralista por controlar la producción.
El Gobierno insiste en presentar su “reforma agraria” como la solución a los problemas rurales, pero los hechos muestran lo contrario: no se trata de una política para aumentar la producción, sino de un intento de controlar la actividad económica desde el Estado, reinterpretando límites constitucionales que protegen la libertad productiva y la propiedad privada.
La Constitución de 1991 es clara: cualquier limitación al derecho de propiedad debe ser proporcional, razonable y necesaria. La Corte Constitucional lo ha reiterado: la función social de la propiedad no permite convertir al propietario en un simple ejecutor de decisiones estatales ni vaciar el contenido esencial del dominio.
Pese a ello, el Ejecutivo impulsa decretos y metodologías que, bajo el lenguaje amable del “ordenamiento”, buscan direccionar la economía agraria desde Bogotá, un modelo que ha fracasado en todos los países donde se ha intentado.
1. El peso real del agro: un motor que funciona sin intervención estatal
En 2024, las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y forestales crecieron 8,1% frente al año anterior, aportando el 9,3% del PIB y cerca del 47% del total de la actividad económica nacional.
A pesar de la incertidumbre jurídica, el sector sigue siendo uno de los más resilientes y productivos del país.
En 2025, el PIB agropecuario creció 2,4% en el tercer trimestre, nuevamente por encima de la economía nacional. Estos indicadores demuestran que el problema del campo no es productivo: es político.
2. Exportaciones fuertes no significan seguridad ni confianza
Las exportaciones agropecuarias crecieron 50,9% en marzo de 2025, confirmando el potencial competitivo del productor colombiano.
Pero ese éxito contrasta con la realidad cotidiana: muchos productores siguen enfrentando barreras para acceder a crédito, infraestructura deficiente e inseguridad creciente.
No se puede hablar de reforma agraria cuando el productor teme invertir en su propio predio.
3. Un campo diverso que el Gobierno quiere uniformar
La OCDE ha explicado que Colombia tiene un dualismo productivo claro:
pequeños productores que abastecen consumo interno;
medianos y grandes que generan empleo formal y exportaciones.
Ambos son indispensables. Pero las políticas actuales buscan uniformar la producción bajo criterios ideológicos, desconociendo las realidades técnicas y económicas de cada región.
4. El problema que sí destruye la producción: la inseguridad rural
El abigeato, la extorsión, la ocupación irregular de tierras y el avance de grupos armados han crecido en los últimos años.
Este es el principal factor que explica la reducción de inversión en muchas zonas agrícolas y ganaderas.
El Gobierno habla de redistribuir tierra, pero no garantiza lo básico: orden público, protección y justicia.
5. Crédito rural: anuncios políticos, obstáculos reales
A pesar de los anuncios multimillonarios, el acceso al crédito sigue siendo el talón de Aquiles del sector:
tramitología excesiva, requisitos desproporcionados y demoras que ahogan a pequeños y medianos productores.
Lo que el campo necesita es financiamiento ágil y acceso técnico, no más formularios.
Conclusión
El debate agrario no puede seguir atrapado en una narrativa que promete justicia, pero entrega control.
Si el Gobierno realmente quisiera transformar el campo, empezaría por poner a producir las tierras estatales abandonadas, mejorar vías terciarias, garantizar seguridad, reducir trámites y respetar plenamente la propiedad privada.
Porque sin seguridad jurídica, sin libertad productiva y sin garantías claras, no hay productividad efectiva y eficiente.
Cualquier reforma propuesta en el Gobierno del Cambio de Gustavo Petro es simplemente una política de control con dirección centralizada que busca la dependencia ideológica, disfrazada de redistribución.
El campo colombiano no necesita ideología. Necesita libertad, estabilidad y confianza.
@lacoutu
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