COLUMNISTAS

La ONU quien a través de su secretario general anunciaba en 2021 que el proceso de paz en Colombia “está echando raíces profundas”, y que estimaba que la vía de las concesiones enormes al narcoterrorismo de las Farc abriría avenidas a la paz, tiene ahora el descaro de cerrar de nuevo los ojos ante sus propios errores y ante el gobierno iliberal de Gustavo Petro y viene a exigirle a la Corte Suprema de Justicia de Colombia que se rinda ante los dictados catastróficos de Petro y, en consecuencia, escoja el nuevo fiscal general “en el menor tiempo posible”.

El 14 de febrero, la ONU le exigió a la CSJ –el organismo que junto con la Fiscalía General, lucha valientemente contra la maniobra subversiva de Gustavo Petro de poner el poder judicial bajo la bota del poder ejecutivo, para trocar el sistema constitucional colombiano en un lodazal castro-chavista–, concluir rápidamente el proceso de selección de la nueva fiscal general a sabiendas de que las tres candidatas de Petro para ese cargo, antes que juristas, son probadas militantes de extrema izquierda que no ofrecen garantía alguna de independencia y serenidad en el desempeño de esa estratégica posición.

¿Pero qué es la ONU de hoy? ¿Tiene ese organismo internacional la autoridad moral que tenía antes para dictar un tal ultimátum a la justicia colombiana? ¿La ONU no ha traicionado sus principios fundadores?

La ONU de Antonio Guterres es el organismo más desprestigiado del mundo. Muchas de las posiciones que asume frente a los problemas más candentes del planeta son indecentes. Veamos eso más de cerca.

El editorialista y escritor francés Michael Taube resume la desastrosa evolución de la ONU en estos términos: “La ONU de hoy se parece a un pozo negro político controlado por Estados totalitarios y naciones canallas que rechazan la democracia y la libertad. He aquí varios ejemplos que ilustran su asombroso declive y caída: Irán e Irak tenían previsto copresidir una conferencia de desarme nuclear de la ONU en 2003, antes de que Sadam Husein fuera derrocado del poder; Corea del Norte, una gran amenaza nuclear, presidió la Conferencia de Desarme de la ONU en 2011; Libia presidió la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 2003 y fue miembro del Consejo de Seguridad de la ONU; Siria presidió el Consejo de Seguridad de la ONU en junio de 2002 y agosto de 2003, y formó parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.”(1)

Quizás por esa razón, los observadores estuvieron poco sorprendidos cuando el socialista portugués Antonio Guterres, nombrado secretario general de la ONU en 2017, afirmó que las atrocidades masivas cometidas por Hamas el 7 de octubre en Israel (2) “no ocurrieron en el vacío”, lo que equivale a justificar esa atrocidad, “la más grande masacre antisemita de nuestro siglo”, como dijo el 7 de febrero pasado el presidente francés Emmanuel Macron. Mientras tanto, la ONU bajo la orientación de Guterres no ha mostrado interés alguno –fuera de hacer frases sin efectos–, en investigar y obtener el castigo para los autores de las violaciones masivas, las horribles torturas, los asesinatos despiadados y los secuestros que constituyeron el horrible pogrom del 7 de octubre.

Tal actitud se desprende de la errada visión general que tiene el actual secretario general de la ONU del conflicto en Medio Oriente.  Un burócrata jefe de un departamento de la ONU declaró recientemente: “Hamas no es una organización terrorista, sino un movimiento político”, lo que coincide con la narrativa típica de Hamás. Claro, un “movimiento político” que “asesina, viola, secuestra, dispara cohetes y masacra familias enteras”, según la réplica que le dio a esa caracterización el embajador de Israel en Colombia, quien reiteró: “La ONU se ha convertido en una abominación vergonzosa”.

El 26 de enero pasado, la prensa occidental reveló la existencia de un informe israelí sobre una presunta implicación –como partícipes o como cómplices–, de 12 empleados de la Agencia de la ONU para Refugiados (UNRWA) en los ataques terroristas cometidos por Hamás el 7 de octubre.

Inmediatamente, el secretario de Estado americano Antony Blinken declaró que esas acusaciones son “altamente creíbles” y que Estados Unidos, uno de los principales financiadores de la UNRWA durante muchos años, suspendía temporalmente sus aportes a esa agencia. Los medios publicaron a su vez fotografías de los empleados involucrados, según los archivos de Israel.

Philippe Lazzarini, el patrón de la UNRWA, respondió que cualquier empleado de la UNRWA que haya estado involucrado en la matanza del 7 de octubre “deberá rendir cuentas, incluso mediante un proceso penal”.

Antonio Guterres, por su parte, dijo estar “horrorizado” y haber ordenado una “revisión independiente, urgente y exhaustiva”. Pero 24 horas después la UNRWA no había precisado a cuántos miembros de su personal había decidido investigar. Creado en 1949, ese organismo administra 58 campos de refugiados que atienden a más de 1.5 millones de personas en la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén oriental, Jordania, Líbano y Siria y ofrece ayudas en materias como alimentación, salud, educación y servicios sociales.

Según el New York Times, algunos empleados de la UNRWA son sospechosos de haber secuestrado israelíes, transportado municiones y el cuerpo sin vida de un soldado y también participado en el asalto mortal a un kibutz el 7 de octubre. De hecho, ese terrible día, mientras ocurría la masacre, los empleados de la UNRWA en Gaza celebraron.

UN Watch, la Ong suiza (3) que monitorea las actividades de la ONU, escribió en un informe reciente: “Tan pronto como se supo la noticia de la horrible matanza, que fue transmitida en vivo en las redes sociales por algunos de los terroristas, el personal de la UNRWA la celebró y justificó en Facebook. (…) La UNRWA ha sido un caldo de cultivo para los terroristas palestinos desde sus primeros días. (…) Los perpetradores de la Masacre Olímpica de Múnich de 1972, en la que 11 atletas israelíes fueron asesinados (…) casi todos fueron criados y educados en escuelas de la UNRWA. Asimismo, Mohamed Deif, el comandante de las Brigadas Al Qassem de Hamás que planearon la masacre del 7 de octubre, también fue educado en una escuela de la UNRWA.”

Según la agencia de noticias AP, “La ONU tiene 13.000 empleados en la pequeña Gaza. Saben exactamente lo que está pasando (…) Todos sabían que la infraestructura terrorista de Hamás estaba en recintos hospitalarios, donde Israel no atacaría. Le mintieron al mundo durante 16 años pintando a Israel como el malvado”.

UN Watch anota que la OTAN publicó un informe en 2019, que decía: “Hamás (…) ha estado utilizando escudos humanos en conflictos con Israel desde 2007. Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), el crimen de guerra de utilizar escudos humanos abarca ‘la utilización de la presencia de un civil u otra persona protegida para hacer ciertos puntos, áreas o fuerzas militares inmunes a operaciones militares’. Hamás ha lanzado cohetes, ha posicionado rutas y centros de infraestructura relacionados con el ejército y se ha enfrentado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desde zonas residenciales y comerciales o en sus proximidades”.

Para finalizar, el otro escándalo mayor que arrastra la ONU es el informe sobre la sexualidad y la salud de los niños y jóvenes en el mundo. En colaboración con sus agencias Unicef, OMS, Unaids y Unfpa, entre otras, un documento conjunto pseudocientífico de 139 páginas (4) tiene por objetivo ayudar a expandir, entre el personal de educadores y técnicos de la salud, la hipersexualización de los menores y las técnicas de sexualización de los niños, lo que pone en gran peligro psicológico a millones de menores en Europa y el Tercer Mundo. Dicho informe, que causa estragos también en Colombia, sirve de guía para realizar experimentos infames en las escuelas y colegios de los cinco continentes. Ese plan busca, por ejemplo, animar a los niños entre cinco y ocho años a tener relaciones sexuales y románticas “con respeto”. A los niños a partir de 9 años les recomienda utilizar la “pornografía, la masturbación, la atracción y la estimulación sexual”.

¿Esa es la ONU que pretende erigirse en preceptora de Colombia en materia política y judicial? El Estado colombiano, las ramas del poder público y la ciudadanía defensora de la democracia representativa, deben oponerse a las orientaciones inadmisibles de un organismo controlado hoy por las dictaduras más nefastas y anti-occidentales del planeta.