

Barranquilla, 24 de septiembre de 2026. Un juzgado de Bogotá le ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión.
La decisión, firmada este 15 de septiembre de 2026 por el juez Ricardo Veloza Veloza, responde a la acción de tutela del ciudadano Julio Jair Mizger Díaz.
El accionante denunció la supuesta vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia y de cultos, y del principio de laicidad del Estado. La tutela fue apoyada por la Asociación de Ateos de Bogotá.
Para entender el caso hay que remontarse al 29 de agosto en la Plaza de Bolívar de Bogotá, durante la “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, el evento tuvo gestos propios del catolicismo y excluyó a otras creencias y a los no creyentes.
El juez revisó el video del evento y, según el fallo, encontró que el presidente estuvo al principio como espectador, pero que al final el presentador anunció la coronación de un ídolo de esa religión y lo invitó a De La Espriella por su cargo. Acto seguido, el mandatario impuso una corona a un idolo de los católicos llamado “Virgen de Fátima”.
Para el despacho, ahí estuvo el problema. Aunque la finalidad de la velatón era legítima y solidaria, el presidente supuestamente “desbordó” ese propósito al participar directamente en un acto de naturaleza inequívocamente religiosa, y lo hizo como jefe de Estado, no en su esfera personal.
La sentencia se apoya en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular la T-124 de 2021, que prohíbe a las autoridades realizar actos oficiales de adhesión a una religión, “así sean simbólicos”.
La Presidencia de la República se defendió con dos argumentos. Primero, que el accionante debió presentar antes un derecho de petición. Segundo, que las intervenciones del evento fueron de espiritualidad y solidaridad general, sin imposición de ritos ni exclusión de nadie. El juez descartó lo primero, pues ese trámite no es requisito para una tutela de este tipo.
El accionante tampoco logró todo lo que pidió. El juez negó la reparación simbólica, como una declaración pública de respeto a la neutralidad religiosa, porque la orden de abstención basta para proteger el derecho. También negó oficiar a la Procuraduría para investigar disciplinariamente, pues eso no le corresponde al juez constitucional. Además, el ciudadano puede presentar directamente la queja disciplinaria.
Cabe aclarar que se trata de un fallo de primera instancia y puede ser impugnado. Si no lo es, el expediente será enviado a la Corte Constitucional, que decidirá si lo selecciona para revisión. Ahora, el debate sobre dónde termina la solidaridad y dónde empieza la adhesión religiosa del Estado podría llegar hasta allí.