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Investigación de Fiscalía y Procuraduría por desfalco en TRIPLE A superaría los $100.000 millones. Por: Jorge Vergara Carbó

triple-a-0000Barranquilla, 26 de marzo de 2019.- Indudablemente que el Procurador Fernando Carrillo, se ha mostrado interesado en la investigación que se adelantó primero en España y luego él la continúo en Barranquilla en la empresa Triple A. Son varias las acciones que ha tomado, la primera impetrar una Acción Popular para reclamar la propiedad de las acciones ante la prestación de una asesoría técnica que nunca se prestó cuyo monto es de aproximadamente $270.000 millones de pesos, producto de cobrar el exagerado porcentaje del 4.5% , de la facturación de la empresa. Igualmente prohibió como medida cautelar que la empresa siguiera pagando el contrato de asesoría técnica. Es bueno recordar que por ese mismo hecho la Fiscalía confisco las acciones de Inassa, que hoy la administra la Sociedad de Activos Especiales SAE, una entidad que depende del Ministerio de Hacienda y que ha sido cuestionada por sus malos manejos en los bienes que se han decomisado presuntamente por ilegales por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Recientemente, parar complementar la investigación que hace la Fiscalía con el fiscal 38 de Bogotá, decidió abrirle proceso disciplinario al exgerente Ramón Navarro por haber pagado unos contratos que no se realizaron señalando a las firmas Padilla &Sudheim, firma del actual Secretario Jurídico de la Alcaldía y miembro hace menos de un año de la junta directiva de la Triple A, y quién estuviera vinculado con un contrato de prestación de servicios  con la firma R&T, filial de Inassa, dueña de la Triple A. Hoy esa empresa según declaraciones del propio Jorge Padilla,  está a nombre de su esposa.

La otra firma es la de Héctor Amarís Piñeres, persona que esta investigada por la Fiscalía y por ser de la tercera edad y tener enfermedad terminal está detenida en su casa, lo mismo que el señor Ramón Navarro. No incluye el Procurador a tres firmas que tienen que ver directamente con Inassa y por supuesto la Triple A, una de ellas es R&T, que si bien esta mencionada en el desfalco de los $27.000 millones, no ha pasado nada con los representantes legales de esa firma. Las otras dos firmas una suministraba  materiales,  ejecutaba obras, y otras actividades,  la otra prestaba el servicio técnico de manejar la base de datos de soporte a la prestación del servicio, ambas firmas filiales de Inassa y creadas en Barranquilla.

En repetidas ocasiones hemos manifestado que los tres organismos de control del país, deberían realizar una auditoría forense desde los años 2.008 hasta el 2.015, por ser los años que casualmente la empresa tiene altas utilidades de operación y bajas utilidades netas, sin explicación alguna en los estados financieros. La investigación debe realizarse principalmente en estas cinco empresas revisando todos los contratos que se firmaron y pagaron y por supuesto con otras empresas que pueden estar involucradas en un desfalco que solo se han conocido $27.000 millones, sin que a la fecha el señor Navarro haya dicho a quién o quienes se le entregó ese dinero y/o a donde en manos de quién fue a aparar. Pero ese desfalco puede superar esa cifra con toda seguridad. Tampoco se ha investigado que paso con los $70.000 millones de subsidios que recibieron y no se aplicaron según denunció la CGR y la misma Procuraduría.

Igualmente ha quedado en el aire la investigación sobre las famosas bolsas negras que se entregaron en Cartagena, quién las recibió y que contenían las mismas. Como tampoco se ha vuelto a hablar del proceso de compra -venta entre la firma AGBAR y el grupo de los barranquilleros, que compraron en US$7, y después vendieron en US$70, en Panamá a los españoles base del escándalo que estalló en España y debido a eso, se empezó a investigar en Barranquilla. Ni se habla de los papeles de Panamá, donde apareció el señor Ramón Navarro y otros directivos de la Triple A. Tampoco se ha dicho nada de las dos acciones populares que los jueces tienen bloqueadas, ni de los fallos de las tutelas en contra y a favor de la Triple A.

Ahora falta esperar para conocer los resultados del ejercicio contable del año 2.018, que según declaraciones del gerente Guillermo Peña alcanzaron los $70.000 millones de utilidad, a pesar de perder el 50%  del agua que se trata y de tener concesionado el Aseo. Es preciso conocer cómo se obtuvieron esas utilidades por servicio prestado. No entiendo porque la SSPD no le exige el balance discriminado por servicio a la Triple A, como se exige en el sector eléctrico. Los barranquilleros debemos conocer con detalle cual es el rendimiento de cada uno de los servicios que presta la empresa.

Al igual que sucede con Electricaribe, el gran culpable de los desfalcos y malos manejos administrativos de la Triple A, es la SSPD, entidad a quién la ley 142/94, la doto de instrumentos legales suficientes para ejercer el control administrativo, financiero y técnico de las empresas de servicios públicos domiciliarios pero nunca cumplieron con sus funciones por inoperancia y corrupción, porque de haber cumplido con su control han podido detectar desde el momento de su creación que el contrato de “Gestión Gerencial” donde cobraban el 4.5%, del valor de la factura no se estaba cumpliendo por lo que no había que pagarlo. O pronunciarse en el tiempo sobre el alto porcentaje que se estaba pagando por un servicio que no se prestaba. Esto hubiera aclarado la situación jurídica de la empresa y protegido la inversión del Distrito en esa sociedad. Culpable también son los encargados del control interno y los auditores externos. No fueron capaces de detectar nada, a pesar de saber que desde el momento de la venta de AGBAR a los barranquilleros, esa asesoría no se volvió a prestar, ya que todos los españoles se retiraron de la empresa. Cuando vinieron los nuevos dueños cobraron pero sin prestar el servicio, por ello la Fiscalía determino confiscar esas acciones, que hoy están en un pleito jurídico.

Eso es lo que pasa, cuando quienes tienen el control no lo ejercen, como también le pasa la Contraloría Distrital y a la Nacional. Nunca hicieron nada, por lo que la Procuraduría debería investigarlos disciplinariamente conjuntamente con los funcionarios de la SSPD, control interno y auditores externos.

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