CIUDADES Y DISTRITOS, ECONOMICAS

Barranquilla, 11 de octubre de 2018.- El Comité Intergremial del Atlántico rechazó este miércoles en rueda de prensa que se despoje a Barranquilla y el Atlántico en favor de la Nación, a través de la SAE, designándola para que se haga cargo de la administración de ese 82% de acciones, lo cual se constituye en un despojo a favor de la Nación y en detrimento de los mayores activos propiedad de Barranquilla y el Atlántico. Al tiempo que al ser impartida la orden por la Fiscalía General de la Nación igualmente recibe el rechazo contundente.

Afirma el Comité Intergremial en un comunicado además que “esa decisión coloca en grave riesgo la estabilidad financiera, administrativa y operativa lo que incidiría gravemente en la prestación del servicio a los ciudadanos que según este organismo privado ha sido modelo en calidad del servicio a nivel nacional. Denuncia además un presunto interés en apropiarse de la administración de Triple A.

En este orden de ideas Ricardo Plata, en calidad de director del Comité Intergremial hizo una llamado a la dirigencia política, al igual que la gobernador Eduardo Verano, al alcalde Alejandro Char a defender los activos. No obstante no aclaró que estos activos pertenecen a la ciudadanía de esta parte del país ,y no a la Nación.

Con esta orden, señaló Intergremial que se estarían apoderando de manera arbitraria, lo cual es inconcebible toda vez que además la SAE no genera ninguna confianza y que además no tiene la experiencia y la capacidad en el manejo de servicios públicos.

Intergremial considera que de comprobarse la conducta delictiva de los señalados, según ellos se debería imponer sanciones, a Triple A y sus socios, además del resarcimiento económico del daño, a favor de los afectados.

En este caso aunque no lo señala Intergremial, pero directamente es la ciudadanía barranquillera a quien despojaron mensualmente en las facturas para ellos hacer la repartija ya conocida, afirmaron ciudadanos en el mismo momento en que se vieron afectados con la decisión de la Fiscalía.

No obstante Intergremial reclama reparación en la empresa misma, “y no en la devolución de lo mayormente cobrado a los bolsillos de quienes les extrajeron de su pecunio, los barranquilleros”. Para Intergremial la inversión en la empresa misma fortalecería el servicio. Cuando lo que se ha visto es que “la empresa saca del bolsillo de los barranquilleros para expandir su operación en otros departamentos y municipios acrecentándose las riquezas de los socios”.

Intergremial así mismo reclama un presunto buen nombre de la empresa Triple A, y la legalidad del resto acciones de extranjeros y locales, que según Plata estarían siendo también expropiados, aunque no están incursos en los procesos.

Igualmente el Comité Intergremial rechaza que sin que haya condena, sin estar avanzado el proceso, y se encuentre apenas en fase preliminar se tome posesión de la empresa vía extensión de dominio, no obstante que está de acuerdo con que se haga el embargo y secuestro.

Así mismo señala que no es procedente aplicar a Canal Isabel II legislación para negocios de narcotrafico, siendo una empresa estatal perteneciente a España, un estado amigo. En el comunicado Intergremial pone sobre la mesa el hecho de que fue esta misma empresa la que denunció inicialmente lo que estaba sucediendo con los filiales fuera de España.

Por todo lo anterior cuestiona Intergremial que: si la Nación no ha recibido perjuicio por los supuestos delitos cometidos, por qué pretende apropiarse del control accionario mayoritario de la Triple A? Pretende expropiar la Fiscalía en favor de la Nación? Si es así no se indemnizará entonces a las reales posibles víctimas?
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