CIUDADES Y DISTRITOS, ECONOMICAS, JUSTICIA

Barranquilla, 13 de octubre de 2018.- Como los peores delincuentes dijo sentirse Antonio Ruiz Sánchez presidente del grupo y INASSA a raíz de la decisión de la Fiscalía de incautar con fines de extinción de dominio el 82,16% de las acciones de esta en la empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo Triple A que le presta su servicio a la ciudad de Barranquilla y a varios municipios de la Atlántico, las declaraciones fueron entregadas en entrevistas concedidas este viernes a varios medios de comunicación.

Según el directivo español la empresa ha dejado importantes recursos para la salud de los colombianos regalías por el orden de los 245 mil millones de pesos, además de retorno de inversión. Afirmó que “están preocupados no obstante aspiran seguir trabajando y mantener los niveles de la compañía como una de las mejores en América latina”, según sus propias palabra, también dijo que “están dispuestos al diálogo pero también a defender los derechos de los ciudadanos madrileños y de Barranquilla” expresó.

Adicionalmente Antonio Ruiz rechazó el proceso llevado a cabo y señaló que están siendo “tratados como traficantes de droga”.

Afirmó que no ha tenido conversaciones con el Fiscal Néstor Humberto Martínez, y con el Alcalde de Barranquilla  Alejandro Char, y quien ha intentado llamar, al igual que a Char pero ha sido imposible la comunicación.

Para Antonio Ruiz la decisión de la Fiscalía los tomó por sorpresa. Mientras el comité intergremial considera que pone en riesgo la estabilidad financiera administrativa y operativa de la empresa. Según él empresario español, “la empresa le aportado recursos al país por el orden de los 500 mil millones de pesos. Al tiempo que se preocupó en manos de quien pueda quedar la empresa”.

Adicionalmente señaló Ruiz Sánchez que aunque han estado colaborando también van a defender sus derechos al igual que los derechos de los ciudadanos madrileños teniendo en cuenta que Inassa es una compañía estatal de la comunidad de Madrid. No obstante incluyó los derechos de los barranquilleros.

El directivo español señaló que lo ocurrido fue un desfalco que particulares hicieron a la empresa por el orden de los 8 millones de dólares, a tiempo que afirmó que estas personas están siendo investigadas en España y algunos arrestados. Reclamó la transmisión de tecnología y conocimiento que los ejecutivos españoles han estado entregando en 17 años lo que ha incrementado el recaudo en un 90%.