GOBIERNO, JUSTICIA

Valledupar, 6 de abril de 2026.- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendon, informó este lunes que presentó la anunciada demanda de nulidad con medida cautelar ante el Consejo de Estado contra la resolución de Gustavo Petro Urrego y la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, por la resolución que anuncia la liberación de cabecillas de bandas criminales no obstante condenados, con el argumento de que estarían participando en mesas de diálogo de la Paz Total. 

Afirmó el mandatario antioqueño que esa decisión del gobierno y de la Fiscal, vulneran la justicia, a las víctimas, a jueces, fiscales, Policías y Soldados que han arriesgado su vida por capturarlos. Añadió además que con la iberación de estos sujetos, “construyen una autopista de impunidad en la que transitan jefes de combos criminales y también bandidos como alias Calarcá de Farc”.

El Gobernador Andrés Julián Rendón afirmó además: “radicamos acción de nulidad con medida cautelar en el Consejo de Estado, en Bogotá, contra la jugada de Petro y la Fiscal para liberar a los peores criminales del Departamento. Desde el proceso 8 mil no veíamos tantas alianzas del crimen con organizaciones del Estado. Lo de ahora no es un elefante, sino todo Jurassic Park en la Casa de Nariño”.

La decisión fue adoptada, luego del consejo de seguridad metropolitano, llevado a cabo a inicios de esta semana una vez se conoció el anunció publico de la Fiscal quien señaló que por orden de Petro estos señores quedarían en libertad. Es así como el gobernador Andres Julian Rendon, anunció que, junto con las alcaldías del Valle de Aburrá, interpondrían una acción de nulidad ante el Consejo de Estado contra la resolución de la Fiscalia que podría dejar en libertad a 23 cabecillas de estructuras criminales que están en la cárcel de Itagüí.

“Es abiertamente ilegítima esta decisión, a pocos meses de elecciones, pretender ejecutar una política pública fracasada como la de la Paz Total con personas que ya están sometidas a la justicia y condenadas”, dijo.

Tanta lucha de la policía y los cuerpos judiciales para atrapar a los bandidos, para ser puestos en libertad por el gobierno es muy irresponsable. Se trata de personas ya condenadas.